El secretario general del Comisiones Obreras de Málaga, Antonio Herrera, acompañado por el secretario general del Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Málaga, Alfonso Galisteo, y el delegado de CCOO en Eulen en el Hospital Regional de Málaga, Pedro Ruiz, ha denunciado ante los medios la actuación del servicio andaluz de salud en materia del concurso de prestación de servicios de seguridad en todo el área hospitalaria de Málaga.

Herrera alega que cualquier servicio tiene que recoger en los pliegos el valor por el que sale el concurso. Si esto no se cumple se pone en riesgo a los trabajadores, ya que al no haber gran margen de beneficios se producirá un recorte de plantilla. Por otra parte, asegura que se ha detectado un incumplimiento del convenio, lo que supone un recorte de más 3.440.000 millones de euros desde el año 2011.

Destaca que a pesar de la gran importancia de las funciones del personal de seguridad en todas las instalaciones sanitarias, trabajo que repercute directamente en todos los empleados del servicio de salud, se han destruido 30 puestos de trabajo.

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Málaga, Alfonso Galisteo, comentó el riesgo que existe si se adjudican servicios a empresas que no garantizan las condiciones sociales y laborales de las plantilla. Además, mostró el informe elaborado por APROSER, asociación que agrupa a las grandes empresas de seguridad privada, el cual recoge los principales problemas del sector: competencia desleal, intrusismo laboral y bajos precios de licitación. De las más de 1.700 empresas de seguridad privada que hay habilitadas en España, no más del 5% cumple con el convenio de aplicación y con las condiciones de subrogación. Desde la plataforma sindical, quieren poner en funcionamiento todos los mecanismos para impedir la desprotección, la desrregulación y la explotación.

Por su parte, el delegado de CCOO en Eulen, aclara que otro motivo de la impugnación han sido varias cláusulas abusivas que favorecen el enchufismo mediante la discriminación de los trabajadores y las estipulaciones que atentan contra la subrogación de los trabajadores.

Después de presentar la denuncia, se ha solicitado que se reconsidere el presupuesto económico para recuperar los puestos de trabajo perdidos y el cumplimiento de las condiciones presentadas. En caso de no ser así, están decididos a acudir al contencioso administrativo por la vía judicial.