La Fiscalía Provincial de Málaga va a continuar investigando los supuestos enchufes de trabajadores por partes de partidos políticos en Limasa, la empresa de limpieza de la capital, tras tomar declaración ayer al presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien lanzó esta acusación en la comisión municipal de investigación que se desarrolla actualmente en el Ayuntamiento.
Belmonte llegó a la Ciudad de la Justicia antes de las diez de la mañana acompañado por varios compañeros del comité de empresa. Con un semblante serio, se negó a hacer declaraciones. Luego subió a la tercera planta del edificio, donde declaró en el despacho del fiscal encargado del caso durante más de dos horas y media. Al abandonar la Ciudad de la Justicia, sólo accedió a decir a los periodistas que estaba tranquilo y que se había sentido muy cómodo durante su larga comparecencia ante el encargado de investigar los enchufes que él mismo denunció.
Fuentes cercanas al caso explicaron que no se van a archivar las diligencias de investigación tras la declaración de Belmonte y que se van a seguir reuniendo pruebas para comprobar si, efectivamente, algunos partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento enchufaron a trabajadores en la sociedad de limpieza a lo largo de los últimos años.
Fue el grupo municipal de Ciudadanos el que decidió llevar las declaraciones de Manuel Belmonte a la Fiscalía al entender que sus palabras podían revelar un supuesto delito de tráfico de influencias, aunque la formación naranja dejó claro que nadie prejuzgaba y que ellos no tenían medios para reunir pruebas de enjundia que demostraran lo que había dicho Belmonte.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pidió a Belmonte que precisara, que diera nombres, y otros responsables políticos hicieron declaraciones en el mismo sentido, sin que el protagonista de esas palabras haya vuelto a repetirlas en público, después del revuelo que se formó.
El fiscal tiene poco más de cinco meses para determinar si hay indicios de tráfico de influencias o de otro tipo de ilícito, por lo que lo normal es que siga llamando a declarar a más personas que pudieran conocer el asunto y pidiendo documentación. Luego, si tiene material punible, el siguiente paso sería que presentase una querella o una denuncia para que un juzgado de Instrucción abra una investigación, aunque para eso queda tiempo.
