­La llegada a Málaga del consejero de Fomento, Felipe López, evidenció ayer un matiz de suma importancia. A pesar de la deriva que ha tomado el Ayuntamiento de Málaga, adoptando una postura de rechazo al proyecto, la llegada del tranvía hasta el Hospital Civil será una realidad. Si finalmente el equipo de gobierno del PP, encabezado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue firme en su voluntad de rechazar lo suscrito entre ambas partes en 2013, respaldándose en la oposición vecinal y en su propuesta de «metrobus», la Junta de Andalucía recurrirá al Consejo de Gobierno como último recurso para declarar la obra de interés general. Lejos de tratarse de una bagatela, dinamitaría los últimos lazos que podrían quedar entre ambas instituciones, pero garantizaría la puesta en marcha de un proyecto que ahora mismo está parado y amenaza con descarrilar por la falta del aval municipal.

«Después de estudiar todo lo acontecido, la Consejería de Fomento está decidida a llevar al Consejo de Gobierno lo que representa la aprobación del proyecto para salvar los paños sobre lo que no estamos de acuerdo», introdujo López un elemento nuevo que puede resultar determinante a la hora de romper la baraja en el asunto de llevar el metro por superficie hasta el Hospital Civil. Una opción por la que se decanta la Junta ante el informe municipal de inadecuación al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del proyecto de la prolongación en superficie de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil.

Hasta el momento, la Junta había evitado poner sobre la mesa esta posibilidad, ya que nadie puede predecir lo que supondría, a efectos prácticos, seguir adelante con un proyecto de semejante magnitud de forma unilateral. El hecho de haber amagado con el as que tenía guardado la Junta en este tira y afloja en el que ha devenido la llegada del metro al Hospital Civil, supone, de entrada, un revés definitivo al relato al que se había agarrado hasta ahora el alcalde, Francisco de la Torre. Desoyendo todo tipo de advertencias vertidas por responsables de la Junta, entre ellos la del propio delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, se había convencido a sí mismo de que sería capaz de convencer, sin embargo, a la propia Consejería de Fomento. Así, escuchó ayer por primera vez un no rotundo a las propuestas del Ayuntamiento por boca del último responsable de la Junta en esta materia. López, antes de desmontar las propuestas municipales y hacer prevalecer al tranvía en rueda de prensa, aseguró que había informado al alcalde en una conversación telefónica.

A pesar de los evidentes problemas de entendimiento, López se mostró optimista y aseguró que «espera que la sensatez se imponga», una vez que los últimos informes realizados por los técnicos de la Consejería han dejado patente que la opción del metrobús va en contra de la voluntad por ofrecerle «el mejor servicio a los ciudadanos». En este sentido, el consejero recordó que el proyecto que pondera la Junta es el único capaz de apuntalar su viabilidad, tanto en su vertiente económica como desde el punto de vista social. «El metro es una red integrada, no una yuxtaposición de ramales y ha de tener como objetivo llegar a los casi 21 millones de usuarios», sentenció López, que todavía convive con la esperanza de contar con la red completa en el verano de 2018. En las estimaciones reiteradas ayer, el consejero volvió a hacer alusión, también, a los cuatro millones de vehículos que se podrían retirar del tráfico una vez que el metro esté operativo en su totalidad. Que López haya sacado la posibilidad de llevar al metro al Consejo de Gobierno se puede interpretar como una manera de deshojar la margarita del tranvía a la inversa. Mostrada la firmeza por seguir adelante sin el Ayuntamiento puede ser, a su vez, la manera más parecida a invitar al Ayuntamiento a que avale el tranvía hasta el Hospital Civil.

Otro argumento para desbloquear el metro lo encontró el consejero en los perjuicios económicos que se podrían generar para la capital. «Si al final es imposible porque el Ayuntamiento sigue manteniendo su posición de oposición frontal, lógicamente los perjuicios económicos tendría que asumirlos el Ayuntamiento», aseguró López. El BEI podría reclamar la devolución de los 325 millones de euros prestados para construir el metro por incumplimiento de los acuerdos asumidos.