En enero de 2015 el gobierno de la Junta presentó el nuevo Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Un proyecto que sigue en trámite parlamentario y que debería adecuar la anterior ley, vigente durante 28 años, a las nuevas realidades de nuestra sociedad andaluza. Entre otras, la sangrante extensión de la pobreza y la exclusión en nuestra tierra: el 58% de los hogares andaluces tienen unos ingresos bajos o muy bajos y, directamente, una de cada tres personas que viven en Andalucía se encuentra en situación de exclusión social.
Con estos datos, conocidos por todos, nos llama la atención que el trámite para la aprobación de una ley tan importante para toda la ciudadanía andaluza pase de tapadillo por los pasillos del Parlamento andaluz. Echamos de menos, en este sentido, que no se haya articulado un debate público y abierto sobre qué tipo de derechos sociales queremos para la Andalucía del siglo XXI. Porque hablar de servicios sociales no es hablar sólo de recursos, que también, sino que se trata de algo más: el reconocimiento del derecho a los servicios sociales es -o debe ser- uno de los pilares de nuestra sociedad.
Creemos que este proyecto de ley puede y debe ser mejorada, sobre todo en un punto fundamental desde una perspectiva social: garantizar una verdadera universalidad de los servicios sociales en Andalucía. También existen otras carencias en este proyecto que han señalado otros colectivos, como el Colegio de Trabajo Social de Málaga o la EAPN Andalucía: no se reconocen los servicios y prestaciones sociales como derechos subjetivos que puedan exigir; tiene que haber una apuesta decidida por un sistema de servicios sociales público que se traduzca, por tanto, en una dotación económica suficiente; se deben articular mecanismos de participación suficientes, etc. Pero es la cuestión de quién tiene derecho a los servicios sociales la que está centrando una buena parte de nuestras preocupaciones. A pesar de que en la exposición de motivos el Gobierno andaluz repite profusamente la necesaria universalidad de los servicios sociales, en la práctica no es así: como ha pasado en estos 28 años, de mantenerse la actual redacción nos encontraremos en que, si bien no se niega la entrada a las personas inmigrantes a los servicios sociales, sí se les limita el tipo de servicios y de recursos a los que pueden acceder. Desde Málaga Acoge creemos que todas las personas deben compartir los mismos derechos y conseguirlo, en este caso, está al alcance de la mano. La fórmula para garantizar una completa universalidad de los servicios sociales sería, simplemente, reconocer la titularidad del derecho a los servicios sociales a todas las personas que cuenten con vecindad administrativa en Andalucía. Una modificación perfectamente posible, que de hecho tanto el País Vasco como Castilla La Mancha ya han incluido en sus respectivas normas autonómicas, e imprescindible para que esta nueva ley cumpla con los objetivos de favorecer la cohesión social en la sociedad andaluza. Una solución necesaria porque la decisión de mantener a un grupo de personas en las orillas del sistema de servicios sociales no beneficia a nadie.
*Jiménez es presidenta de Málaga Acoge
