Septiembre se ha convertido en un mes clave para el futuro del metro de Málaga. Esa es la fecha límite que tiene la Consejería de Fomento para tener en marcha la obra del tranvía al Hospital Civil. El consejero de Fomento, Felipe López, ha anunciado que en breve se aprobará el proyecto en el Consejo de Gobierno para salvar la oposición municipal, pese a que acordaron el trazado hace dos años y medio. Si el bloqueo persiste tras el verano, la administración autonómica exigirá al Ayuntamiento de Málaga que asuma los sobrecostes.

Hace unos días advirtió al alcalde de que recurriría al Consejo de Gobierno para obligar a construir el tranvía. ¿Qué cambió para dar ese paso?

La postura que hemos mantenido siempre es que debemos asegurar la prestación del mejor servicio al ciudadano, que es el objetivo que nos mueve a la Consejería, y eso supone cumplir con el proyecto como estaba concebido y acordado con el Ayuntamiento en noviembre de 2013. Eso no contradice que hayamos tenido una postura abierta y flexible para escuchar lo que nos planteaba el Ayuntamiento.

¿Se ha roto el diálogo con el Ayuntamiento? ¿El metrobús puede ser una alternativa?

Nuestra actitud ha sido siempre de buscar si había alguna posibilidad de buscar un punto de encuentro con la posición del Ayuntamiento, que no hipotecara los intereses de la ciudad. De hecho, el alcalde plantea con mucha vehemencia y enfáticamente que quiere una respuesta técnica y no política sobre su propuesta del metrobús y son los técnicos de Ferrocarriles de la Junta los que han revisado los documentos que nos han facilitado, por cierto bastante escasos, escuálidos y poco fundamentados técnicamente.

De la Torre insiste en que el metrobús es una alternativa al tranvía. ¿Es viable?

El informe de los técnicos es claro y señala que el metrobús no tiene fundamento que lo sostenga, además de no tener engarce jurídico legal con Metro de Málaga, que es quien tiene la explotación de la línea. Así, la conclusión a la que llegan los técnicos es que no es viable por falta de viabilidad técnica, jurídica y por el perjuicio que causa a la movilidad de los ciudadanos.

¿Por qué es tan negativa la conclusión sobre el metrobús?

A los usuarios se les somete a un transbordo innecesario, que implica pérdida de tiempo, más gasto y una solución técnica que, aunque ahora dicen que la van a mejorar, es poco creíble. Es más, en el primer análisis de la propuesta, el autobús que llega bajo tierra al intercambiador de El Corte Inglés para conectar con el metro, no puede dar la vuelta porque no lo han previsto. Esto puede parecer una anécdota, pero supone construir una rotonda subterránea con un proyecto de dos años más de obra y 27 millones de euros de inversión. La endeblez de los argumentos del Ayuntamiento es clamorosa y sobre esa debilidad el alcalde no tiene credibilidad en la defensa del metrobús. Su rechazo no es un empecinamiento de la Junta de Andalucía. Queremos que se cumpla lo pactado, porque lo pactado es la solución más racional después del análisis de opciones que se hizo.

¿También se descarta la opción de llevar el metro al PTA en vez de al Civil, como también llegó a plantear el Ayuntamiento?

El metrobús es una salida en falso, pero no la única. La primera fue proponer llevar el metro al PTA. No negamos que exista allí un problema de movilidad, pero se puede resolver de distintas formas. Es un sitio con una demanda muy potente en horas punta de entrada al trabajo y a eso no responde un metro. Hace falta un tren con capacidad para 800 viajeros y que sólo actúe en horas punta. Eso que es tan evidente hasta para el Ministerio de Fomento, lo obvia el Ayuntamiento y pretende crear una cortina de humo para distraer la atención del tranvía. No es sensato, ni racional y no tiene fundamento que en vez de llevar el ramal al Hospital Civil, planteen esto. Si tienen alguna propuesta alternativa, al menos que tenga fundamento. Porque si no, es engañar a la gente.

¿Por qué cree que el Ayuntamiento defiende el metrobús, si no tiene argumentos técnicos que lo avalen?

Habría que preguntarse: ¿Qué se resuelve con una plataforma reservada que ocupa lo mismo que el tranvía? ¿Cómo se resuelve el intercambiador? que obliga a una obra que no está prevista y que somete a la gente a más gasto y más pérdida de tiempo. ¿Cuál es el encaje jurídico con la concesión? ¿A dónde se pretende llegar? Al final lo que intenta el Ayuntamiento es dilatar un proceso que ya tiene un importante sobrecoste que soporta la Junta de Andalucía y que no está dispuesta a seguir soportando.

¿Tan fundamental es llevar el tranvía hasta el Hospital Civil? ¿No se puede dejar en suspenso como proponen los vecinos?

Ahora estamos en un periodo transitorio, porque llevamos invertido el 85% de la inversión global para transportar sólo la cuarta parte de los usuarios que prevemos cuando tengamos todo el trazado. Eso lo acotamos en el tiempo porque esta situación genera un sobrecoste muy importante y queremos que en verano del 2018 esté terminado. Con un 15% más de inversión, multiplicamos por cuatro el número de usuarios. Eso nos permitirá la racionalidad económica.

¿De qué sobrecoste hablamos en este periodo transitorio?

El alcalde critica que ahora cada pasajero que se transporta le cuesta a la Junta y a los ciudadanos andaluces 13 euros. Es una cantidad desorbitada, pero sólo será así mientras se construye el resto del trazado. Cuando se termine la red, costará lo que cuesta cualquier otro metro. El problema es que no se cumplan los plazos y se alargue esta situación. Por eso el alcalde debe responder a la pregunta de ¿quién trata de dilatar este proceso? y que estaba pactado terminar en el verano de 2018.

Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en bloquear el tranvía y esgrime varios informes en contra.

Hemos advertido de que vamos a utilizar todas las herramientas legales que estén en nuestra mano para terminar la obra. La argumentación municipal de que el proyecto no se ajusta al planeamiento urbano está respondida por los técnicos de la Consejería de Ordenación del Territorio, que dicen que no hay problema porque no se cambia ni el viario ni los usos. Es un subterfugio más para dilatar el proyecto.

¿Es posible resolver el bloqueo?

El ordenamiento jurídico, que es valido para todos, dice que la Junta de Andalucía tiene potestad para hacer esto. Si no hay otro remedio, lo llevaremos al Consejo de Gobierno y salvaremos ese obstáculo, para intentar ejecutar la obra tal y como estaba acordada con el Ayuntamiento de Málaga en el documento firmado en 2013.

Si eso ocurre, ¿el Ayuntamiento puede entorpecer y frenar la obra del tranvía al Hospital Civil?

Sí. Pero si se hace imposible la ejecución de la obra, el Ayuntamiento se tendrá que enfrentar a una demanda en toda regla para responder a los perjuicios que supone que una cuenta de resultados que está planteada para asumir 21 millones de viajeros al año se quede en 18 millones, lo que supondrá unos perjuicios económicos cuantificables. Además eso va a generar un perjuicio social importante, ya que una parte importante de la población no podrá disfrutar de una reducción de los tiempos de viaje, una bajada de la accidentabilidad gracias a que el tranvía es mucho más seguro que el coche, o no estaremos hablando de no eliminar 4 millones de vehículos de la ciudad.

¿Exigirán al Ayuntamiento esas pérdidas si se producen?

Es lo menos deseable, pero si no nos dejan otro camino tendremos que iniciarlo, porque alguien puede plantear que hacemos dejación de nuestras responsabilidades. Pero debe quedar claro que nuestra intención es trabajar juntos para dar respuesta a los ciudadanos. No estamos frente al Ayuntamiento, sino frente a posiciones que nos parecen irracionales. La inversión agregada que estamos haciendo en sistemas ferroviarios urbanos es de 2.000 millones, de los que el 40% está en Málaga y tenemos que rentabilizar eso socialmente.

Una demanda de ese tipo es una medida de mucho calado.

Si no tenemos más remedio haremos una defensa de los intereses de la administración que represento, porque hemos actuado de buena fe, a partir de compromisos y relaciones contractuales preestablecidos, que nos ha llevado a asumir con terceros obligaciones económicas. Si alguien rompe la cadena, tendrá que responder. Eso no es más que lo que ocurre con el común de los ciudadanos, cuando hay cosas que se pactan y alguien lo rompe.

¿Cuál es la sensación entre los socios de Metro de Málaga?

Mala. Las empresas que están en la explotación dicen que tienen una relación contractual y quieren que se cumpla. Pero el problema de no ejecutar todos los tramos no es sólo porque haya quien defienda intereses económicos, que no voy a entrar y me preocupa menos. Me preocupa más esta situación porque es un proyecto que se concibe para dar respuesta a lo que se está haciendo en el resto de ciudades europeas ante los crecientes problemas que ocasiona el tráfico.

El tramo en superficie al Hospital Civil es una propuesta heredada del anterior equipo de IU. ¿Es la mejor opción?

No me importa qué partido gobernaba, es el Gobierno de Andalucía el que ha dado una respuesta coherente tras un análisis de las alternativas posibles y se vio que era el que mejor se ajustaba para los ciudadanos de Málaga. No tengo reparo en afirmar que esa fuese la mejor solución. Se podría haber hecho todo subterráneo, pero eso depende del presupuesto, las capacidades y los beneficios que se pueden obtener y a qué coste. Lo racional es solucionar los problema y no decir que pedir la luna y si no, nada.

¿De qué plazo dispone la Consejería para desbloquear el trazado al Hospital Civil?

En abril trasladamos el proyecto constructivo al Ayuntamiento y el 2 de mayo terminó el plazo para su revisión. Ya estamos en plazo de que cualquier retraso genera gasto añadido. Si no terminamos la red como está prevista, cada mes genera un coste extra y alguien debe responder de esto. Si el Ayuntamiento impide ejecutar el proyecto, pediremos un resarcimiento. La propia legalidad me obliga a ello.

¿Hay margen para el acuerdo?

Si para septiembre no hemos llegado a una solución para que el Ayuntamiento nos dé el visto bueno, habrá que tomar una decisión definitiva con el respaldo del Consejo de Gobierno.