­La Junta de Gobierno Local aprobó ayer interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Plan Hidrológico de Andalucía, conocido popularmente como plan de inundabilidad, al considerar que se produce de forma «arbitraria» una discriminación en el ejercicio de los derechos que corresponden a los propietarios de terrenos situados en zonas inundables, dependiendo de la demarcación hidrográfica a la que pertenezcan.

Así, el Consistorio recurre también a la Justicia para tratar de frenar el plan de la Junta de Andalucía, ya que en mayo el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite el contencioso-administrativo de la Asociación de Polígonos de Málaga contra el real decreto del plan de gestión de riesgo de inundaciones del Guadalhorce, lo que supone el inicio de la demanda que busca frenar el plan y liberar la presión en las zonas industriales de la ciudad.

La base del contencioso de Apoma es la diferencia de criterio sobre dónde está el límite de capacidad del río Guadalhorce y el riesgo de inundación. El plan exige que el cauce asegure un caudal de 5.000 metros cúbicos de agua al segundo, cifra que los empresarios consideran muy exagerada y que ellos rebajan a 3.500 metros cúbicos. Los polígonos están dispuestos a presentar batalla judicial contra el Plan de Inundabilidad del río Guadalhorce que aprobó la Consejería de Medio Ambiente y que condena a grandes zonas industriales de la ciudad a una parálisis total por el riesgo de sufrir inundaciones y pendientes de acometer dos proyectos de gran envergadura para rebajar el riesgo y permitir su desarrollo.

Pero el Ayuntamiento va más allá, ya que considera que en dicho plan se delimitan como zonas inundables, además de los polígonos, una gran parte del término municipal de Málaga y cuyo suelo ya urbano está consolidado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como el Limonar, toda la zona de los polígonos del Guadalhorce, el aeropuerto, Guadalmar, Campanillas, toda la zona que rodea al Arroyo Jaboneros y al Arroyo Gálica, etcétera... Asimismo, están incluidas en la delimitación zonas con planeamiento aprobado pendientes de desarrollar como la urbanización Colinas del Limonar.

El Ayuntamiento explica que el citado Plan Hidrológico dice textualmente que en las zonas inundables no se permitirá la edificación o instalación de nuevas construcciones, temporales o permanentes, «lo que dejaría inedificables muchas zonas de nuestro término municipal que conforme al PGOU/11 son edificables».

El equipo de gobierno del PP considera que la entrada en vigor del Plan Hidrológico y la ausencia de un régimen transitorio en su normativa «podría conllevar la denegación de licencias para la edificación o instalación de nuevas construcciones, temporales o permanentes», en suelos clasificados por el planeamiento como urbanos consolidados y advierte a la Consejería de Fomento de posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por parte de los propietarios afectados. El Ayuntamiento de Málaga insiste en que «con el objeto de evitar perjuicios de imposible o difícil reprobación» se acordó que se solicite la medida cautelar de suspensión de la vigencia del artículo 34.4 b) respecto del suelo urbano consolidado.

Otros planes hidrológicos

La normativa de los planes hidrológicos de otras zonas del territorio español, entre las que se encuentran las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, cuya revisión fue aprobada por el real decreto 1/2016 del 9 de enero, no son tan limitativas del derecho de los propietarios a ejercitar las facultades reconocidas en los artículos 12 y 14 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación, ya sea porque no imponen restricción alguna, como ocurre en la Demarcación Hidrológica del Guadalquivir, ya porque se permita el ejercicio de las facultades antes mencionadas con el cumplimiento de determinados requisitos, como ocurre en el Cantábrico Oriental.