Eran los últimos que faltaban para cerrar el circulo del mal funcionamiento de Limasa. Los socios privados -Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Urbaser y Sando- no han tenido más remedio que reconocer la evidencia y el clamor social. Lo hizo ayer Francisco Cifuentes, responsable de FCC en Andalucía, en nombre del resto de los socios privados.

Al comparecer al mediodía de ayer en la comisión de investigación de Limasa sus primeras palabras fueron para reconocer que «Málaga no está limpia, lo digo como ciudadano de Málaga», para posteriormente asentir abiertamente a las afirmaciones de la concejala socialista Begoña Medina de que «en la ciudad no funciona el servicio de limpieza».

El portavoz de los socios privados reconoció que la empresa está «obsoleta», con «una maquinaria muy antigua que ha disparado los costes de mantenimiento y una plantilla muy solvente pero muy alta en su número, con un 30% más que en Zaragoza». Por ello abogó por optimizar los procesos, modernizar la maquinaria y la gestión laboral y poner en primera línea la eficacia y la eficiencia. «Tenemos una plantilla solvente pero hay que dotarla de los medios y los procedimientos de mejora necesarios para ser más eficientes», dijo.

Asistencia técnica

Tanto Francisco Cifuentes como Alfonso Goncer, director de los servicios jurídicos de FCC, emplearon buena parte de su tiempo en la comisión de investigación en demostrar que el cobro del polémico canon de asistencia técnica es justificado en función del «asesoramiento» que prestan a la gestión de Limasa. El portavoz de los privados señalaba que se trata de un canon que está implantado «en la totalidad de empresas de limpieza» y que en Málaga es, con un 2,5% de la cifra de negocios, el porcentaje más bajo de todo el país.

Insistió, a preguntas de los concejales, que el asesoramiento de asistencia técnica «ha sido continuo y hemos asesorado sobre todos los temas que son propios y vienen señalados según el contrato». Aunque aseguró que «no tenemos que dar detalles de los servicios que prestamos como asesoramiento técnico, pues no lo requiere el contrato», aclaró que «me consta que hemos aportado asesoramiento importante y continuado en materia fiscal, también en material laboral y tecnológica; en materia de compra de maquinaria nuestro asesoramiento es de expertos y supone un ahorro de costes». «Aportamos todo lo que es solvencia técnica y financiera», por eso la asistencia técnica lo que paga es «el coste de toda la infraestructura técnica y profesional».

De manera general explicó que las empresas «nos dedicamos a optimizar servicios» y puso el ejemplo de Zaragoza, donde FCC es la empresa concesionaria de la limpieza y «donde el coste es inferior a Málaga pues está por debajo de los 75 millones de euros, pese a tener más habitantes».

Meros asesores

Sobre las críticas de los grupos de la oposición de tener un papel secundario en la gestión de la empresa, pese a ser los socios mayoritarios, Cifuentes explicó que tras la remodelación del contrato en 2005 «nos hemos quedado en meros asesores técnicos y no ejecutivos» y lo ha escenificado con una frase: «Como el alcalde dijo en 2005 que la compensación económica la voy a pagar yo, quiero tener el control».

Aseguró que le preocupan las huelgas y los conflictos laborales de Limasa, pero «si no nos han visto en primer plano cuando los ha habido ha sido porque nuestra posición como socios privados no es la gestión laboral».

El ejecutivo de FCC no quiso pronunciarse sobre las ventajas o perjuicios de dividir el futuro contrato por lotes o por sectores geográficos pues a su juicio, «habría que hacer un estudio global».

Faltó ortodoxia administrativa

  • El jefe del servicio de Limpieza del Ayuntamiento, Julián Laguna, dejó ayer algunas perlas en su comparecencia en la comisión de investigación. Laguna, un funcionario con larga trayectoria en el servicio de limpieza, se mostró partidario de la privatización total del servicio, pues la empresas que hay «son punteras en ese mundo y con una experiencia altísima y, en cambio, hasta aquí hemos llegado con la gestión municipal». El ahorro si la empresa es pública estaría en torno a los 3 millones de euros, y defendió la modernización de la empresa. «Tendríamos que aumentar la maquinaria y modernizarla y reajustar la mano de obra, pues hay servicios que se prestan de manera muy obsoleta», dijo. También reconoció que ha habido modificaciones del contrato que «no se hicieron con absoluta ortodoxia administrativa» y debieron contar con aprobación previa de un órgano de gobierno y con los informes preceptivos del interventor y la asesoría jurídica.