El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha utilizado el dinero de la compensación económica, destinado a restablecer el equilibrio financiero por los costes laborales sobrevenidos de 2003, para pagar los sobrecostes producidos en la construcción de la sede central de Los Ruices y del edificio de la nave de tratamiento de envases, también en Los Ruices.
En 2014, según el informe de la directora Económico-Financiera de Limasa, los costes salariales se redujeron en 1,37 millones debido a la eliminación de la paga de productividad. Sin embargo, el Ayuntamiento no rebajó proporcionalmente la compensación económica y pagó ese año por ese concepto 8,3 millones. El informe de la directora económica señala que «el diferencial no cubierto por incremento de mano de obra, se justifica porque la sociedad ha incurrido en una serie de inversiones» y aclara que entre ellas se encuentra la planta de envases, «cuyo coste ascendió a 1,7 millones de euros» y «una parte de la obra del parque central, por otros 2 millones de euros» (1.959.713).
El PSOE considera que esta actuación «es irregular» por cuanto usa «indebidamente» un dinero que por acuerdo del pleno está destinado a compensar a Limasa por el exceso del gasto de personal.
En un principio Limasa trató de cobrar los sobrecostes de los dos edificios a través de certificaciones ordinarias, pero ello fue rechazado por los responsables técnicos del área de Medio Ambiente, que consideraron que sólo podían pagarse a través de estas certificaciones los gastos del presupuesto aprobado en principio para la sede central de 6,6 millones de euros, pero no los sobrecostes, por lo que no las firmaron. Finalmente, fueron el director y el concejal de Medio Ambiente quienes se responsabilizaron de aceptar y firmar el pago de esos sobrecostes utilizando para ello parte del dinero destinado a la compensación económica, según señala Begoña Medina, del PSOE, que añade que el jefe del servicio técnico de Medio Ambiente «se negó a pagar los sobrecostes de los edificios por estar fuera de lo que recoge el contrato».
La alusión al contrato tiene que ver dado que en marzo de 2005, a propuesta de los socios privados, se acordó por parte de la junta de gobierno un cambio de finalidad de las inversiones previstas del pliego de condiciones.
En aquella ocasión se aprobó anular la inversión prevista inicialmente de una planta de biometanización, por considerarla de «baja rentabilidad» y ejecutar en su lugar un nuevo parque central y dos mini parques, uno en el distrito norte y otro en La Mosca, en el distrito Este.
Estas tres inversiones tenían un presupuesto de 11,5 millones de euros, (665.479 euros el parque de La Mosca, 901.188, el de la zona Norte y 9.933.333 el parque central). Sin embargo, el interventor municipal en su informe previo al acuerdo de la junta de gobierno dejaba claro que el coste de esos tres centros «no podrá superar» al que le correspondería a la planta de biometanización (6,6 millones), «según el procedimiento negociado aprobado en abril de 2001».
Es por esta razón, según señala Begoña Medina, que el jefe del servicio de Limpieza se ha negado a firmar certificaciones de pago de estas inversiones más allá de los 6,6 millones.
Medina mostraba su «preocupación» por el sobrecoste, «muy superior a lo previsto, pero lógico para los privados, a los que no les preocupa el ahorro pues a mayor gasto, más ingresos perciben». Mas aún «debió realizarse con una modificación del contrato». Todo ello demuestra, según el PSOE, «el descontrol de cómo se gestiona todo en Limasa».
