Ante los últimos pasos de las Asociaciones de Madres y Padres (AMPA) por mantener activas las negociaciones para eliminar el amianto de los centros educativos afectados, la Delegación Provincial de Educación suscribió ayer las palabras de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al asegurar que «no hay motivo de alarma», siempre y cuando el material no se manipule. Aun así, ante la alarma generada, la Delegación provincial indicó que desde la Agencia Pública Andaluza de Educación se visitan los centros en los que pueda existir esta preocupación. «Se tratará de atender las necesidades de retirada de estos elementos siempre que se constate que puedan ser peligrosos para la comunidad escolar y evitando una alarma innecesaria», indicaron.

La institución añadió que llegados a ese punto «se remitirán a la Dirección General de Planificación y Centros para ser incluidas en futuras actuaciones de inversiones en los centros docentes».

A pesar de ello, la institución insiste en que la presencia de fibrocemento en las estructuras de los centros educativos no deber ser un motivo de peligro. El riesgo aparece en caso de manipular, cortar o perforar el material o en caso de que se rompa y exista riesgo de desprendimiento de partículas.

«La normativa actual de España que prohíbe la fabricación, comercialización y uso de los productos que en su composición contengan amianto no establece la obligatoriedad de la retirada de los productos ya instalados ni da un plazo para dicha eliminación, salvo el que se refiere al final de la vida útil de dichos materiales», indicó la Delegación.

Es en ese punto en el que trabajan en la actualidad la AMPA y la Plataforma Amianto Cero. Ambos colectivos quieren mostrar que gran parte del mobiliario ha cumplido o está próximo al cumplimiento del llamado periodo de vida útil (40 años). Ante la falta de facilidades para obtener documentación por parte de la institución pública, según el presidente del AMPA Piedra de la Torre del CEIP José Calderón de Campanillas, Paco Jara, y tumbar la Proposición No de Ley (PNL) Ciudadanos y PSOE en el Parlamento para realizar un inventario y un calendario de retirada, el CEIP José Calderón ha tomado un nuevo rumbo en la negociación. Así, está ultimando la documentación necesaria para presentar el tema de forma inminente ante la Fiscalía de Menores. No es el único frente que ha abierto; también ha solicitado ayuda al Defensor del Pueblo y se dirigirá a la presidenta, Susana Díaz, y a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle. Nuevas vías que se alternarán con futuras concentraciones.