Después de reunir toda la documentación necesaria, el CEIP José Calderón de Campanillas presentó ayer por la tarde ante la Fiscalía de Menores su petición para que el organismo les ayude a eliminar el amianto que existe en las instalaciones del centro educativo.

La secretaria de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del centro, María Ángeles Guzmán, detalló que el siguiente paso es esperar a ver si la Fiscalía estima que el caso procede y se estudia. Un procedimiento similar al llevado a cabo con el Defensor del Pueblo, que ya ha aceptado la petición y, según indicó Guzmán, ahora va a solicitar toda la información pertinente a la Junta de Andalucía para comprobar la vida útil del amianto. Y es que una de las estrategias por parte de las AMPAS para eliminar el mineral de las instalaciones es acogerse a la ley. A partir de los 40 años se considera que finaliza la vida útil del amianto y debe retirarse, un periodo que ya se ha cumplido en algunas infraestructuras o está a punto de culminar, según informó la Plataforma Amianto Cero.

El CEIP José Calderón, que comenzó esta batalla en 2008, asegura que la Junta de Andalucía no facilita los informes pertinentes para seguir esa línea. Eso, sumado al rechazo a la Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento andaluz por parte del Partido Socialista y Ciudadanos para contabilizar los centros afectados y fijar un calendario para eliminar el amianto, ha hecho que se decanten por esta vía para continuar con las negociaciones.

El CEIP de Campanillas lleva la batuta de las actuaciones en la provincia de Málaga, pero no es el único que exige a la institución pública que ponga una solución al problema. Entre 10 y 15 centros educativos trabajan de forma activa desde hace meses en las manifestaciones para exigir una respuesta. Hoy está convocada una concentración en Cádiz a la que asistirán numerosas AMPAS ante la extrema urgencia del caso. Los expertos han declarado ya en un centro de la ciudad gaditana que hay partículas de amianto en el ambiente.

En Málaga está previsto convocar una concentración el próximo mes y celebrar una asamblea ya comenzado el curso para informar a todos los centros. Se estima que el 30 por ciento de los centros educativos de la provincia contienen amianto.