­Kike no podía esperar más y llegó en el momento más inoportuno. Después de un año intenso de preparación, su madre, Vanessa Centeno, vio como se escapaba su posibilidad de presentarse a las oposiciones de Secundaria, FP e Idiomas que habían sido convocadas en Málaga para el pasado fin de semana. Todavía en el hospital y tras hacer pública su historia, la Junta rectificaba y a primera hora de ayer le comunicaba que finalmente podrá realizar el examen, que a la espera de confirmación oficial, será mañana.

La indignación de esta profesora al conocer la respuesta negativa de la administración fue mayúscula. Hacía más de dos meses (desde mediados de abril), que venía dando a conocer su estado a la Delegación de Educación de Málaga, cuando a través de una instancia solicitó el aplazamiento del examen al coincidir con la fecha prevista para el parto de su hijo. «En un primer momento no me pusieron ninguna pega, los impedimentos llegaron después, incluso me dijeron que me darían facilidades, pero no ha sido así», explicaba.

Sin desistir de su deseo, la interina contaba como el mismo viernes por la mañana, horas antes de que se le practicase la cesárea, y soportando las contracciones previas al parto, volvió a ir hasta la delegación para informar de la situación en la que se encontraba. Fue entonces cuando le contestaron que, al no haber ningún precedente, no existía protocolo alguno al respecto y, por tanto, no podrían reprogramarle la prueba. Una solución habitual en otras comunidades y ámbitos donde sí se contemplan estas alternativas en convocatorias similares.

Según Carlos Fernández, delegado de Educación de CSIF, sindicato al que pertenece Vanessa, también lo intentó su pareja al asistir el sábado a la presentación del examen (que tuvo lugar el domingo) con la intención de conservar el derecho de esta, «pero le volvieron a reiterar que no había nada que hacer». El testimonio de la joven ante los medios denunciando unos hechos que consideraba discriminatorios hizo que la Junta se apresurase en su rectificación y el mismo lunes informaba de que arbitraría el procedimiento más adecuado para que la aspirante pudiese participar en el proceso selectivo. «La normativa por la que se arbitra el proceso selectivo exige la personación y el anonimato, y atiende a normativa estatal básica. No obstante, por tratarse de una circunstancia excepcional, se arbitrará el procedimiento para garantizar que ninguna mujer se pueda quedar fuera de la prueba por ponerse de parto», aseguraba.