La toga negra de los abogados se ha convertido en una prenda ideal para las reivindicaciones profesionales del colectivo. Si a finales de 2012 más de cinco mil letrados recorrieron las calles de la ciudad con sus togas para pedir la retirada de las tasas judiciales, este miércoles acudieron más de cuatrocientos a las puertas de la Ciudad de la Justicia para exigir retribuciones dignas en el turno de oficio y el servicio de justicia gratuita.
Capitaneados por el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el decano de honor, Fernando García Guerrero-Strachan, los juristas, que habían venido desde todos los puntos de la provincia, quisieron subrayar la importancia de este servicio público, «un pilar del Estado de Derecho al garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos o de su situación de vulnerabilidad», dijo Lara.
En Málaga hay más de 1.800 abogados de oficio que tramitan 40.000 expedientes, mientras que la Junta, por cierto, da otras cifras y aseguró hace pocos días en una nota que son 71.000 las personas que acudieron al turno de oficio en 2015 en la provincia.
No hay sintonía en las cifras de expedientes ni en el dinero. No en vano, el decano reseñó que el baremo por el que se rigen las retribuciones «es absolutamente inaceptable». Así, recordó que la Consejería de Justicia e Interior presentó hace unas semanas un borrador de orden en el que se preveían recortes de hasta el 55% en algunos trabajos, pero la corporación malagueña alegó y fue retirado. Ello ha generado gran controversia, puesto que la Junta nunca ha confirmado si existió o no ese baremo y, de hecho, hace unos días envió una nota de prensa en la que aseguraba que se seguía negociando con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca).
No en vano, en una reunión del 14 de junio, ambas partes revisaron los honorarios de todas las jurisdicciones y el 6 de julio se aprobarán definitivamente los nuevos módulos. Ya en el comunicado del 14 de junio, la Junta mostró su disposición para trabajar «desde el diálogo y el respeto mutuo».
Algunos colegios, como el de Córdoba, se desmarcaron de la postura de fuerza del decano malagueño, de forma que este ha recibido el apoyo de muchos abogados de otras provincias personalmente y a través de las redes sociales, lo que redundó en críticas a sus propias corporaciones.
La Junta defendió que en 2015 pagó 8,6 millones de euros a los abogados y procuradores malagueños por el servicio de asistencia jurídica gratuita, que Andalucía es la comunidad autónoma con más inversión en esta materia después de Cataluña, destinando más de 37 millones de euros a este programa.
Recuperación del 10% de 2012. Lara, quien ayer leyó un manifiesto largamente aplaudido por sus abogados, se quejó no sólo de las propuestas retributivas del borrador de orden retirado por la Junta, sino que también atacó los actuales honorarios, que en 2012 sufrieron un recorte del 10% precisamente por la crisis. Según dijo, aún no hay fecha para que se restituya esa cantidad.
«El sistema español de justicia gratuita está considerado como uno de los mejores del mundo y cuenta con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios», señaló, para aclarar que el coste de «proteger dignamente» los derechos de los ciudadanos es bajo: apenas 4,81 euros por habitante al año. Sin embargo, «las retribuciones de los abogados adscritos a este servicio, en ocasiones, no alcanzan los dos euros por hora.
En el manifiesto, el decano recordó que, a la misma hora en la que él leía el documento, más de 50 abogados atendían detenidos, investigados y víctimas de violencia de género en cuarteles, comisarías y juzgados, «cobrando en algunos casos la cantidad de 31,50 euros por una guardia de 24 horas».
Lara aclaró que las medidas de presión permitieron la retirada del borrador de los nuevos honorarios y que, en comparación con otras comunidades, el recorte podía haber llegado hasta el 73%.
«Los abogados reclamamos la dignificación del turno de oficio y el reconocimiento por parte de los responsables políticos de nuestra comunidad de la labor que prestan los abogados de dicho servicio, y eso pasa por el establecimiento de un baremo de retribución justo y en consonancia con la responsabilidad que asumen los profesionales en la defensa de los intereses de los más desfavorecidos», aclaró.
«En este momento, todo ciudadano que necesite un abogado en cualquier juzgado o centro de detención, por lejano o recóndito que sea, será debidamente asistido, porque los abogados de oficio trabajamos 24 horas al día los 365 días del año», concluyó.
