Los abogados del empresario Celso Dema, condenado a dos años y medio de cárcel en el marco del caso Malaya contra la corrupción política y urbanística en Marbella, han enviado un escrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga en el que aseguran que su representado sufre un cáncer, que al estar en la indigencia total ha debido dormir en el madrileño Parque del Retiro y que ahora ha sido acogido por una familia.

Dema debía haber entrado en prisión cuando se ejecutó la sentencia, una vez que el Supremo la declaró firme, pero al sufrir un cáncer, los magistrados ordenaron que fuera sometido a una pericial médica por parte de los forenses, lo que finalmente se acreditó. La sorpresa estriba en que sus abogados aseguran que el informe de una clínica forense de Madrid concluye que esa enfermedad es terminal, y añaden: «Mi patrocinado se encuentra en una situación de total indigencia, y al encontrarse pernoctando en el Parque del Retiro de Madrid, resultó ser acogido por una familia que se apiadó de su situación».

Los letrados piden a la Sala que admita el escrito y «en virtud tenga por buenas las manifestaciones que anteceden y, a tenor de la documentación que obra en autos así como la aportada, acuerde lo que en derecho convenga».

Ahora, la Sala tendrá que decidir si lo envía a la cárcel o no. De cualquier manera, el tribunal sigue aplicando mano dura a los condenados a dos años o menos de prisión, que no es el caso de Dema, con el objetivo de que paguen hasta el último euro de las multas y responsabilidades civiles impuestas, un dinero que se está metiendo en una cuenta judicial y que luego irá, según corresponda por ley, al Estado o a Marbella.

El criterio de la Sala está claro: quien tenga que perder, incluso, su vivienda habitual para hacer frente a las multas y sanciones económicas debe venderla. A cambio, evitará ingresar en prisión. Eso sí, los planes de pago deben ser creíbles en cuanto a la cantidad periódica a ingresar y el tiempo para hacerlo. Es decir, el tribunal quiere sumas altas y en poco más de año o año y medio, con el fin de recopilar el mayor montante posible. Muchos de los afectados ya han pagado esas cantidades solicitadas.