­El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y los trabajadores de Limasa volvieron a reunirse ayer para estudiar la viabilidad de una posible absorción pública de la empresa que se ocupa del servicio de limpieza, actualmente gestionada con capital mixto y con un contrato en vigor que finaliza en 2017.

En una reunión de algo más de dos horas, la segunda de la última quincena, De la Torre insistió que la propuesta de los empleados, rotundamente partidarios del modelo municipal e íntegramente público, debe evaluarse teniendo siempre presentes los costes que supondría para la administración y la calidad del sistema de recogida, para lo que entiende que es necesario un punto de partida: la aceptación por parte de los trabajadores, que ya se han mostrado dispuestos a rebajar sus condiciones, de una reducción de un 20 por ciento de medio en lo sueldos.

La cifra, que iría acompañada de la equiparación con otros recortes en la antigüedad y en las horas semanales, podría compensarse, señaló el regidor, a través de pluses, aunque siempre en función de una productividad y una satisfacción ciudadana comprobable con criterios objetivos. Según Manuel Belmonte, presidente del comité de empresa, los empleados no se niegan frontalmente a esta bajada, si bien entienden que la conversión de Limasa en empresa pública ofrecería los suficientes motivos anuales de ahorro como para consensuar finalmente un acuerdo salarial «más razonable».

Belmonte asegura que alcanzar esa caída del 20 por ciento supone ir más allá del primer requisito puesto sobre la mesa por el equipo de gobierno, que pidió, para iniciar las conversaciones, una equiparación en condiciones con el resto de trabajadores públicos del Ayuntamiento. El comité ya ha trasladado al equipo de De la Torre su interés en pasar a regirse por el convenio que regula los servicios operativos, lo que conllevaría una rebaja de sus emolumentos y la pérdida de derechos como la polémica cesión de puestos en herencia.

La negociación entre el alcalde y los trabajadores será reanudada en los próximos días, después de que ambas partes acordaran ayer esperar a que los técnicos emitan un informe sobre la fórmula de «municipalización» conciliable con la nueva ley de funcionamiento de la administración pública, que es reacia a la multiplicación de organismos dependientes en exclusiva de los ayuntamientos. A este respecto, sin embargo, Belmonte no tiene ninguna duda y asegura que en una consulta anterior ya le ha sido comunicada la plena legalidad de la transformación de la empresa, cuyo funcionamiento es entendido como un servicio básico -abundó- «y esencial» para la vida pública. Entre otros puntos, queda saber, de acuerdo con el alcalde, si la gestión del servicio debería pasar a una firma de nuevo cuño o ser asimilada formalmente por una entidad municipal previamente constituida.

El representante de los trabajadores instó al regidor a trabajar conjuntamente y apostar con determinación por un modelo de gestión pública de la limpieza. Una opción, abundó, que presumiría un gran ahorro en las cuentas anuales del Consistorio, que se verían aliviadas al no tener que hacer frente a los pagos y los compromisos de rentabilidad adquiridos con los accionistas privados de la actual empresa. De la Torre manifestó que si, su la propuesta del equipo de gobierno es aceptada, se actuará «con firmeza», aunque buscando siempre la manera de obtener el consenso ciudadano y del resto de fuerzas políticas. El regidor pone el acento en el control de la calidad del servicio, que, con una vía privada, dijo, es más fácil.