­La situación en los juzgados de Instrucción de la capital de la Costa del Sol es de colapso, según diversas fuentes.Actualmente hay 14 órganos de esta naturaleza y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) reclama que haya tres más, es decir, 17, para asumir una carga tan elevada de trabajo.

Ahora, la plantilla de funcionarios por órgano es de diez. «Están desbordadísimos», precisa el secretario provincial de STAJ, Juan Antonio Luque, quien indica, entre otras cosas, que no ni siquiera una base de datos que interconecte los juzgados para conocer de primera mano quién está en busca y captura o las causas pendientes que arrastra un imputado. Sí hay un programa nacional, el Siraj, donde introduciéndose los datos sale si el delincuente está buscado en Bilbao o Valencia, pero sólo para controlar las medidas cautelares (es decir, órdenes de prisión o de alejamiento, por ejemplo). Piden un nuevo sistema que sea obligatorio en todos los órganos del país, con una base de datos común. «Los funcionarios malagueños necesitan formación para estos temas y revindicamos un complemento por el uso de estas herramientas», aclara.

El resto de reivindicaciones en relación a estos órganos, que son los que hacen las guardias en la capital malagueña, inciden en que hay que construir una sala de espera en las dependencias de los órganos en las que las víctimas y los agresores estén separados y poner duchas, puesto que los funcionarios pasan en esas oficinas 24 horas al día durante 365 días al año y, en muchas ocasiones, ni siquiera pueden asearse. «En el pasillo se han dado situaciones violentas, habría que poner una separación y aumentar la vigilancia», señala el responsable del sindicato.

La jurisdicción Penal malagueña es una de las más saturadas del país al ser esta una ciudad turística.