El Ejecutivo central tiene previsto adaptar y reforzar la seguridad de uno de los inmuebles de la Subdelegación del Gobierno en la provincia, cuya ubicación no ha trascendido, para instalar allí un depósito de sustancias estupefacientes incautadas en las diferentes operaciones policiales en la provincia, según ha podido saber La Opinión de Málaga.
En 2012, se produjo un robo de droga en el almacén que Sanidad Exterior tenía en el puerto de Málaga, lo que fue debido a las «deficientes condiciones estructurales de la nave que la albergaba», pese a la inversión realizada en la misma para incrementar la seguridad. Desde entonces hasta ahora, la opción considerada más segura por el Gobierno era que la droga incautada en la provincia fuera trasladada a los centros de almacenamiento y destrucción de otras provincias, como los de Sevilla y Algeciras (Cádiz). Allí se han guardado las sustancias y se han destruido, ante el evidente problema que supone almacenarlas en los cuarteles y las comisarías, durante estos cuatro años. En cada traslado, había que armar un complejo dispositivo de seguridad para que nada le ocurriera a la droga, dado el riesgo que entrañaba.
Ahora, tras varios escritos de la Junta de Policía Judicial, presidida por el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Antonio Alcalá, en los que se pedía la creación o habilitación de un depósito de drogas en la ciudad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Interior han remitido sendos documentos en los que se informa del cierre de la cámara existente y su desaparición.
«Si bien, desde esa fecha, se han seguido estudiando por parte de la Secretaría de Estado distintas alternativas para reabrir el depósito, se ha considerado que la opción más segura era el traslado de las sustancias estupefacientes incautadas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a depósitos de provincias limítrofes», asegura el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su comunicación interna remitida a la Junta de Policía Judicial de Málaga.
Pese a ello, las autoridades dicen ser conscientes de que Málaga es una de las provincias de mayor incautación de hachís de todo el país, por lo que el Gobierno ha realizado un estudio en profundidad de los inmuebles que tiene la Subdelegación del Gobierno, que ha permitido localizar un sitio idóneo para que, una vez realizadas las obras de remodelación y reforzada la seguridad, pueda utilizarse como depósito de sustancias estupefacientes incautadas. La localización ha de permanecer secreta, de cualquier forma.
Así, aún no se ha hecho proyecto y hay que buscar la financiación para la ejecución de los trabajos, pero la idea del Ejecutivo es ejecutar la adaptación necesaria a lo largo de este año.
En la agenda de Interior también se recoge esta preocupación, y, de hecho, dice el departamento de Jorge Fernández Díaz en su comunicación que «se está trabajando intensamente con el respaldo de la Comisión Interministerial de Seguimiento», de forma que en sus reuniones regulares se ha planteado el asunto.
En los 11 primeros meses de 2015, la Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron 54 toneladas de estupefacientes en Málaga, una cantidad valorada en más de 100 millones de euros por los grandes señores de la droga. En España se incauta un 40% de la cocaína que se interviene en la Unión Europea y el 75% del hachís -un tercio de lo que se decomisa en el mundo-. Sólo se interviene el 10% de la droga que circula en todo el mundo, de forma que Málaga podría haber sido en 2015 el coladero de 540 toneladas que alcanzarían los 1.000 millones de euros.
El robo del antiguo depósito que Sanidad Exterior tenía en el puerto ocurrió el 12 de noviembre de 2012, cuando varios miembros de una banda se hicieron con 120 kilos de cocaína. La operación Gaviota acabó con el arresto de 26 personas, muchas de las cuales están a la espera de juicio.
El empleado de la empresa de seguridad que vigilaba las instalaciones se percató de lo sucedido a las siete de la mañana del lunes siguiente, tras encontrar el bombín de la cerradura de la nave reventado, el interior revuelto y los sistemas de seguridad inutilizados.
La inspección policial puso de manifiesto que los asaltantes eran profesionales, ya que desactivaron la alarma que estaba conectada 24 horas con el puesto de la Guardia Civil y la compañía privada. Incluso, las 15 cámaras de seguridad de las dependencias dejaron de funcionar la madrugada de aquel sábado.
