Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone de manifiesto que el grado de satisfacción ciudadana con la limpieza municipal es mucho mayor en aquellas localidades en las que la gestión es privada. Encabeza el ranking Oviedo, donde el 82% de sus habitantes aprueba los resultados del sistema de externalización. Bilbao, Gijón, Getxo y Vigo siguen de cerca a la capital del Principado, con un nivel de aceptación igual o superior al 70%. Son datos del último informe sobre el sistema de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en España, publicado por la OCU en 2015. Dicho estudio es objeto de revisión cada cuatro años, y en el mismo puede constarse que las ciudades que obtienen mejores notas son aquellas que tienen privatizado el servicio. Por el contrario, los niveles más bajos de satisfacción popular se dan en aquellos ayuntamientos en los que la limpieza corre a cargo de empresas públicas o mixtas, como sucede con Cuenca (42%), Málaga (45%), Palma de Mallorca (46%) y Ciudad Real (47%).

Los distintos equipos de gobierno de las corporaciones locales españolas son plenamente conscientes de que el servicio de limpieza resulta mucho más barato y eficaz a través del sector privado, circunstancia que ha llevado al 90% de los municipios a optar por esta vía, con la que se aseguran una prestación de calidad, con un coste económicamente asumible.

Esto es así al decantarse por un tipo de gestión en el que prevalecen los criterios técnicos, económicos y de profesionalidad. Según los datos de la OCU, los alcaldes que, mayoritariamente, apuestan por la opción privada se consolidan como representantes de ciudades limpias, sostenibles y saludables, en las que los contribuyentes no deben soportar una presión fiscal añadida.

Es lo que ha ocurrido en Badajoz, donde según el referido informe, en 2011 el servicio resultaba abiertamente ineficaz, ya que únicamente satisfacía al 30 por ciento de la población. Sin embargo, cuatro años después, en 2015, con una gestión privatizada, la aceptación de la ciudadanía ha aumentado considerablemente, un total de 25 puntos, situándose en la actualidad en el 55%.

De lo que no hay duda es que la mayoría de las ciudades de España ha optado por la gestión privada del servicio de limpieza y de recogida de basuras, con independencia del color político de sus equipos de gobierno. Es de las pocas cosas que tienen en común mayorías tan dispares como las de Madrid (Ahora Madrid), Barcelona (Barcelona en Comú), Bilbao (PNV), Vigo (PSOE), Oviedo (PSOE/Podemos), A Coruña (Marea Atlántica), San Sebastián (PNV), Pamplona (EH Bildu), Murcia (PP), Burgos (PP) o Castellón (PSOE/ Compromís).

En estos tiempos de recortes y austeridad en las administraciones, en los que los ingresos han disminuido considerablemente, la gestión privada ha llegado en auxilio de unos ayuntamientos que están obligados a ofrecer el mejor servicio posible, sin exceder el límite de gasto establecido por el Gobierno de España. En realidad, son muy pocas las ciudades que apuestan por un modo de gestión cien por cien público. Incluso en Valencia, gobernada por Compromís y PSOE, está privatizado mediante la concesión a varias empresas.

La apuesta por el capital privado añade solvencia y seguridad a unos ayuntamientos que, una vez adjudicada la oportuna contrata, no tienen que preocuparse por los gastos corrientes y de personal, ni por habilitar partidas para acometer las necesarias inversiones y el consiguiente endeudamiento. Unos gastos que, sin duda, habrían de afrontar si el servicio estuviera municipalizado. De esta forma, dar marcha atrás al sistema de externalización acarrearía un sensible desfase económico, que muchas corporaciones locales no podrían soportar. Lo saben bien en Zaragoza, ciudad que cuenta con cerca de 700.000 habitantes y una gestión privada del servicio de limpieza, cuyo presupuesto anual es de 72,5 millones de euros y la ratio euro por habitante de 106,9. En la otra cara de la moneda está el ejemplo de Sevilla, que con una población muy similar y una gestión pública, el presupuesto se dispara hasta los 105 millones de euros y la ratio queda en 151,3 euros por habitante.

En Málaga, con una partida de 86 millones, la gestión es mixta y la ratio de 151,1 euros por habitante. No hay más que comparar.