La Audiencia Provincial de Málaga tiene ante sí una nueva avalancha de macroprocesos. En concreto, las salas penales celebrarán en los próximos meses hasta 41 macrocasos con un total de 745 procesados, la mayor parte de ellos relacionados con asuntos de narcotráfico, delitos de corrupción (malversación de caudales, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, etcétera...) y otro tipo de ilícitos económicos (apropiaciones indebidas o estafas). Por ello, la Audiencia malagueña ha solicitado un plan de choque para poder sacar adelante este tipo de megaplenarios sin que los magistrados mueran en el intento.
El plan de choque consiste en solicitar cinco magistrados más y en liberar a los ponentes -los magistrados que redactan las sentencias- durante un tiempo de forma que no tengan que participar en otros juicios ni revisar recursos de apelación.
Los cinco magistrados irían, cada uno, a las cinco secciones penales (Primera, Segunda, Tercera, Octava y Novena). Con ellos, cada sección contaría con entre cuatro y cinco magistrados de forma que podrían formarse tribunales sin problemas para no interrumpir la celebración del resto de juicios y el ponente pueda dedicarse a preparar el juicio o a poner la sentencia.
Hay tres tipos de macroprocesos: los del grupo uno son aquellos que tienen más de ocho procesados o mil folios; el dos, son los que cuentan con más de 15 acusados y hasta 10.000 folios; y el grupo tres, de más de treinta procesados y 25.000 folios. Para los macrocasos del grupo uno, se pide una exención de 15 días; para los del grupo dos, un mes, y los del grupo tres tendrían dos meses para confeccionar el fallo -que luego ha de ser votado por sus dos compañeros de tribunal-.
En cuanto a los cinco magistrados, no se trataría de plazas fijas, sino de togados de adscripción territorial -que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reparte por la comunidad según su buen entender-, en comisiones de servicio -dejan sus juzgados para atender otras necesidades- o, incluso, magistrados suplentes.
Esta petición se ha enviado a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz, que luego deberá tramitarla al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si lo considera oportuno, aunque es el Ministerio de Justicia el que pone encima de la mesa la financiación para este plan de choque solicitado por la Audiencia Provincial de Málaga, proposiciones que, por cierto, fueron aprobadas por una Junta de Magistrados de las salas penales de la Audiencia Provincial.
Los magistrados han hecho saber al Alto Tribunal de la región que la situación «es verdaderamente insostenible», ya que gracias al esfuerzo de los togados se están sacando adelante los macrocasos.
La Sección Primera tiene ante sí diez macroprocesos, la Segunda nueve, diez soporta también la Tercera -entre ellos el caso Arcos por corrupción urbanística en Alcaucín-, seis la octava y otros seis la novena.
Un macrocaso provoca que una sala tenga que dedicarse durante meses a preparar el juicio, varias semanas -o incluso meses también- para celebrarlo y otro tiempo para poner la sentencia. En la Sección Octava, por ejemplo, entró un procedimiento con 179 testigos hace tan sólo unos días, lo que implica un gran esfuerzo de organización y coordinación.
En las salas civiles recibieron magistrados de refuerzo y el trabajo pendiente se ha reducido.
