La modificación de la LOUA legalizará hasta 10.000 viviendas irregulares

El alcalde de Alcaucín y portavoz del colectivo axárquico Soha, el belga Mario Blancke (C´s), incidía en que no es el fin definitivo a las reivindicaciones de los afectados. En su localidad serán 300 las familias que se beneficiarán de un cambio en la normativa urbanística actual y «que evitará futuras demoliciones». Eso sí, no se archivarán los diferentes expedientes de demolición que ya estén en marcha.

«Es una modificación de carácter social, más que jurídico. Porque a partir de ahora podrán conciliar el sueño compradores de buena fe de casas con más de una década de antigüedad, todas las edificadas con anterioridad a la entrada en vigor de la LOUA. En algunos momentos, los colectivos ecologistas han contado verdades a medias sobre estos trámites», matizó el regidor axárquico.

«Se trata del día más importante en la historia de los que integramos Soha, como asociación de afectados por la falta de regularización de viviendas en la Axarquía, después de toda una década de lucha para que se contemplen nuestros derechos», dijo.

Blancke esperaba la abstención de IU en el debate plenario, pero no la de Podemos. En total fueron 88 los votos favorables y 19 abstenciones. En la Cámara andaluza estuvieron presentes numerosos alcaldes axárquicos, así como portavoces y asesores de las principales asociaciones de residentes foráneos que durante años han luchado por la defensa de sus derechos como propietarios de casas que en su día adquirieron «sin saber que eran ilegales», como demandaban los munícipes en nombre de esos propietarios.

«Es pronto para hablar de cifras». Como portavoz de Soha, Blancke instó a los ayuntamientos malagueños a que hagan sus deberes. «La mitad no disponen de inventarios de viviendas irregulares, por lo que hablamos de ese margen extenso de potenciales beneficiarios, de seis a diez mil», señaló.

La comarca de la Axarquía y algunas áreas de Almería concentran la mayor parte de las casas que permanecen sin regularizar en toda Andalucía. Otro de los alcaldes axárquicos con un mayor cupo de inmuebles sin ordenar, el socialista José Juan Jiménez, de La Viñuela, manifestaba que todavía es «pronto para hablar de cifras». Expresaba su tremenda satisfacción porque la medida del Ejecutivo andaluz, respaldada por PSOE, C´s y PP, «pone seguridad jurídica a la adquisición de viviendas en Andalucía, algo por lo que se llevaba muchos años luchando».

El grupo socialista, por ejemplo, introdujo a última hora una enmienda que incluye en la modificación recién aprobada «los asentamientos u áreas que se urbanizaron en su día en el campo». De esa forma, incluyendo esa tipología de inmueble, las viviendas que se encuentran en vías de poder regularizarse en la provincia se elevaría a más de 60.000.

De ese volumen, aproximadamente el 8% podrán resolver su situación, como confirmaban tanto los afectados como la propia Administración autonómica. En la Axarquía, es cierto que no se ha construido prácticamente ningún nuevo inmueble irregular desde la entrada en vigor de la LOUA, pero no podrán beneficiarse de la medida las familias que tengan expedientes en los tribunales, en vías de que se pueda dictar una orden contraria a sus aspiraciones de legalizar sus propiedades.

La Junta recordó que el texto le otorga a los municipios una serie de obligaciones: porque tendrán un plazo máximo de dos años para redactar el avance del planeamiento que permita incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado. Este aspecto también era muy demandado por los afectados, como recordaron portavoces de los colectivos de la comarca de la Axarquía y de tierras almerienses.

Ayer, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, agradeció la implicación de todos los grupos en el proceso para ultimar la modificación. De hecho, todos los grupos introdujeron diferentes enmiendas, no sólo el PSOE. El objetivo, según expresó, era «ofrecer soluciones reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas entre partidos».