El número total de viviendas irregulares en Málaga es imposible de contabilizar. Solo el 60% de los municipios de Málaga han realizado el análisis para conocer estos datos. A pesar de que la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) especifica esta necesidad, el 40% restante se ha quedado por el camino. En Málaga, entre viviendas aisladas y asentamientos suman más de 50.000 viviendas irregulares. Los principales puntos se encuentran en la Axarquía, los montes en torno a la capital y la extensión de Campanillas.

El problema radica principalmente en aquellas viviendas que se encuentran en suelo protegido, en zonas inundables o con riesgos de erosión. El secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta, Rafael Márquez ha resumido las modificaciones en dos grandes bloques. Por un lado en el trato de las viviendas aisladas y por otro sobre los asentamientos que superan las 50 viviendas en un mismo entorno y conforma un asentamiento urbanístico propio.

El decreto 2/2012 no tenía previsto ni solucionado el caso de las vivienda aisladas que se encuentran en microparcelaciones. Por encontrarse en esas parcelas no era posible incorporarlas al modelo que siguen y catalogan como Asimilado Fuera de Ordenación (AFO). "Lo que hacemos con estas modificaciones es separar el acto de edificación del de parcelación, de forma que eliminamos ese obstáculo, así, miles de viviendas en Andalucía y Málaga pueden verse beneficiadas con el AFO ". El AFO se aplica a aquellas edificaciones aisladas en las que transcurren entre los cuatro y seis años (dependiendo si se construyeron antes de la LOUA o no), que no estuvieran en suelo especialmente protegido y que tuvieran unas garantías de seguridad mínimas. Acogerse al AFO otorgaba luz, agua, acceso al registro y la posibilidad de que el ayuntamiento estableciera medidas compensatorias desde el punto de vista medioambiental para minimizar el impacto. Así en esas viviendas no era posible instaurar el orden público perturbado, ni ningún proceso contra ellas de restaurarlas o demolerlas".

Sobre los asentamientos urbanísticos, "la LOUA estaba pensada para situaciones en las que primero se urbanizaba y luego se edificaba", y no viceversa. Por ello han invertido el proceso. A efectos prácticos permite la incursión progresiva de la urbanización. Esto posibilita que los proyectos de urbanización prevean y trasteen una independencia funcional de las instalaciones e infraestructuras para realizar ramales independientes y que no necesariamente tengan que culminar toda la urbanización de forma simultánea. También permite obtener garantías a través de avales bancarios y garantías reales gracias a la Legislación Hipotecaria, que así lo recoge. Por último, posibilita, a través de una nueva figura, las licencias provisionales de uso, es decir, el uso de la vivienda de una manera provisional, de forma anticipada, sin necesidad de que se culmine toda la urbanización.

En un intento de acelerar la legalización de estas viviendas y de contestar a habitantes de toda Andalucía, la semana pasada se modificó en el Parlamento de Andalucía la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conocida como LOUA, la ley 7/2002 del 17 de diciembre. El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, se ha referido al motivo de esta modificación: "eliminar la incertidumbre y dar tranquilidad a muchas familias que están ocupando sus viviendas y que en muchos casos son la residencia habitual".

Este cambio trata de adaptar la normativa vigente a la realidad social, defendiendo el desarrollo urbanístico sostenible y respetando el medio ambiente. Comprende fundamentalmente tres artículos de la LOUA: el 68, el 183 y 185. Ademas permite el acceso provisional a los servicios básicos, como abastecimiento de agua, electricidad, acceso a saneamiento y a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable que constituya la vivienda habitual de su propietario. Se da un plazo de unos dos años para que mientras se procede a la regularización puedan acceder a dichos servicios.

Rafael Márquez comentó "el enorme consenso político" que ha tenido la medida, sin ningún voto en contra. También destacó el apoyo social de la medida, que ha contado con todos los agentes implicados como registradores, notarios, arquitectos, ayuntamientos y afectados.