­Varapalo jurídico para los chiringuitos de la provincia. Justo el año en el que más se estaba avanzando en normalizar la situación de un sector que lleva una década transitando sin amparo legal, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) amenaza ahora con parar en seco el proceso de regularización en el que se encuentran la mayoría de chiringuitos del litoral malagueño. La sala ha dictaminado la anulación de la disposición transitoria que reconocía el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quines tuvieran su establecimiento funcionando antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Costas de 2013. Esta decisión golpea de lleno a Málaga, siendo la provincia que más se ve afectada en proporcionalidad de toda Andalucía. De los 177 expedientes que, según los datos facilitados por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente están pendientes ahora mismo de obtener su concesión, unos 155 se ven salpicados por este inesperado revés jurídico.

Con este nuevo trasfondo de dudas, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, se desplazó ayer a la capital para mantener una reunión con los máximos representantes del sector, Norberto del Castillo como presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, por un lado, y Manolo Villafaina como mandatario de los chiringuiteros de la provincia, por otro. Fue una primera toma de contacto para analizar las posibles consecuencias de esta incidencia que ahora vuelve a llenar de incertidumbre un proceso que se había iniciado el pasado mes de abril, y que debía de culminar en los tiempos marcados por la Junta con la concesión de las respectivas licencias antes de que finalice el año.

Según lo explicado por Fiscal al término de la reunión, la Junta enfocará ahora sus esfuerzos en la búsqueda de mecanismos, si es que los hay, para evitar que esta sentencia paralice la tramitación de los expedientes que, según aseguraron todos los implicados, se encontraba a un buen ritmo una vez que el acercamiento por ambas partes y las mesas técnicas, constituidas el pasado 25 de febrero, estaban dando sus frutos para acabar con el estado de indefinición de estos establecimientos. «Vamos buscar los mecanismos que impidan que pueda haber ninguna paralización, o que ésta sea lo menos importante posible. La predisposición de los empresarios es absoluta y la coordinación con la consejería de Medio Ambiente es muy notable», resaltó el consejero. Para ello, anunció también una cita inminente entre los gabinetes jurídicos de la Consejería y los que representan al sector. Aunque Fiscal declaró que ésta reunión pudiera tener lugar la semana que viene, Villafaina puntualizó que ésta se debería de celebrar antes de finalizar la misma.

De la decisión del TS se extrae una posible consecuencia de suma importancia para el sector, siempre que los servicios jurídicos mencionados no den con una interpretación que permita blindar la titularidad de los terrenos sobre los que se encuentran emplazados estos establecimientos. Cabe recordar, en este sentido, que la sentencia responde al recurso de un particular, al entender que la disposición anulada en la Ley de Costas socavaba el principio de igualdad y beneficiaba a quienes tuvieran sus chiringuitos abiertos antes de la entrada en vigor de la misma. «Habrá que ver si ahora tienen que volver de nuevo a exposición pública o no», deslizó Fiscal.

Villafaina, aparentemente tranquilo, recordó los años de caos administrativo que han sufrido los establecimientos del sector y aseguró que esto es algo que no debe de alterar la hoja de ruta trazada. «Nos da igual una sentencia más o menos, los trámites tienen que seguir adelante y que tengamos ese derecho jurídico que nos hemos ganado hace muchísimo tiempo». En todo caso, a falta de conocer más detalles jurídicos, el sector vuelve de lleno a los interrogantes que parecían ya olvidados.