­A las voces contrarias al cierre de las empresas municipales que estén en situación de inestabilidad financiera, se le sumó ayer también la de la Federación Española de Municipios y Provincias. En un comunicado emitido a lo largo del día de ayer, la federación califica las cartas emitidas a varios ayuntamientos a nivel nacional de «temerarias» e «imprudentes», y pidió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dé explicaciones inmediatas, al entender que las empresas abocadas al cierre garantizan la prestación de servicios públicos.

Su presidente, Abel Caballero, se preguntó ayer que quién prestará estos servicios, cuando se cierren las respectivas empresas municipales, a la vez que exigió al ministro que reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local. En este sentido, recordó, además, que la ley se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) y que cabe esperar, ya que podría acabar tumbada por el propio TC.

Fuentes del Ministerio, sin embargo, matizan la polémica generada por esta situación y afirman que, simplemente, se está tratando de actuar en sintonía con la ley y que es algo que no pilla a los ayuntamientos por sorpresa. En todo caso, precisan que los consistorios están en plena disposición para presentar alegaciones dentro de un plazo de quince días. Estas alegaciones, según se ha explicado a este periódico, paralizarían de forma automática el requerimiento de disolución hasta estudiar de nuevo el caso. Ésta posibilidad, sin embargo, ha sido negada de forma insistente por la responsable de empresas municipales de Torremolinos, Carmen García. «A nosotros nos ha llegado el requerimiento para que entreguemos el escrito de disolución. Si hubiera podido, habría alegado sin dudarlo», aseguró.