Hace dos años, Carmen, un nombre ficticio para preservar el anonimato de esta mujer maltratada, acudió a Sevilla con otras mujeres en su situación para reunirse con la presidenta de la Junta, Susana Díaz. «Habló mucho de la violencia de género, de que nos iba a ayudar y que iba a haber reformas».

Dos años más tarde, Carmen cree que todo han sido palabras y carga contra la Junta porque, a su juicio, deja a muchas mujeres maltratadas abandonadas.

«Aquí hay un problema grande, cuando la mujer denuncia, y le cuesta bastante denunciar, entra en una casa de emergencia, estamos 6, 7, 8 días y luego te trasladan a otra provincia. El maltratador se queda en casa y esta mujer empieza a rotar por Andalucía y fuera de ella y eso a los niños les perjudica muchísimo», explica y recuerda que en Málaga hay pisos vacíos de la Junta que podían utilizarse, al tiempo que se pregunta dónde va el dinero destinado a su colectivo.

Carmen denunció maltrato en 2011, pasó por una casa de emergencia «y luego me querían mandar a Sevilla y me negué porque mi hijo es mayor de edad y se quedaba desamparado, así que volví con el maltratador, estuve aguantando dos años y tuve que volver a denunciar y a dejar mi casa». En la actualidad lleva año y medio en un piso llamado de transición del Ayuntamiento de Málaga. Por falta de pruebas, el marido de Carmen quedó absuelto pero ella no se atreve a volver con él.

Fátima, otro nombre supuesto, también vive en un piso de transición municipal. Su caso es más sangrante porque, madre de tres hijos menores de edad, ha pasado los últimos 13 años por nueve centros de acogida y cinco pisos de emergencia en Barcelona, hasta que las autoridades catalanas le aseguraron que no podían darle más ayuda, así que decidió trasladarse a Málaga, donde tiene un familiar. «Y el maltratador está libre, vive su vida, se ha quedado con la casa y yo aquí con los niños. Tiene una orden de alejamiento y se presentó en febrero. Hubo amenazas por teléfono, las tengo grabadas pero sigue libre. Siempre es la otra parte la que gana».

Las dos mujeres señalan que no tienen ingresos y que como otras muchas maltratadas deben recurrir al reparto semanal de alimentos de asociaciones para poder sobrevivir. «No recibimos ninguna ayuda y aunque te dicen que tienes orientación laboral, no conozco a ninguna mujer maltratada a la que le hayan conseguido trabajo», destaca Carmen.

Fátima, por su parte, critica la presión de las asistentas sociales, que en alguna ocasión le han amenazado con retirarle los hijos por tener muchos puntos negativos: «Me dan puntos negativos sin no acudo a reuniones, pero las ponen muy lejos, en El Palo o Tabacalera, no tengo dinero para el autobús y no puedo ir andando hasta allí con los niños».

Las dos cuentan que conocen a una veintena de mujeres maltratadas en una situación parecida y que el Ayuntamiento de Málaga es la única administración que les ayuda algo. Se sienten desamparadas por la Junta.

Respuesta de la Junta. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Rosa del Mar Rodríguez, declaró ayer que tras una estancia breve de 7 a 10 días en un centro de emergencia, cuando la mujer denuncia, «si se considera que está en situación de peligrosidad es trasladada a otra provincia para evitar que el agresor la localice» porque, recordó, la violencia machista «es el único delito en el que la víctima tiene que dejarlo todo porque si no, se puede encontrar con el agresor».

La coordinadora del IAM señaló que en las casas de acogida «siempre se reparte el alimento del día», aparte de que los niños son escolarizados. Con respecto a la inserción laboral recordó que «tenemos un plan con una inserción laboral de más del 70 por ciento». «La parte del Instituto Andaluz de la Mujer está más que cubierta y la otra parte, la de los servicios sociales, alimentos y bonobús es más competencia municipal, que también me consta que está haciendo un esfuerzo y se implican, así que tampoco es que estén desasistidas».