El presidente del PP-A, Juanma Moreno, exigió a la Junta de Andalucía «que inicie hoy mismo la normalización» de los chiringuitos malagueños que acumulan «años de espera». Se refirió en concreto a la falta de la regularización de casi la mitad de los 400 establecimientos de playa existentes a lo largo del litoral de la provincia.

«No entendemos cómo en otras provincias, como es el caso de Granada, prácticamente esté culminado el procedimiento», remarcó el líder del PP-A. Acompañado por el presidente del colectivo de empresarios de playa en la comunidad autónoma, Norberto del Castillo, Moreno aclaró que hay unos 40.000 andaluces que dependen directamente de este tipo de concesiones. E indicó que Málaga acumula más de la mitad de los 700 chiringuitos que hay desde Huelva hasta Almería.

El presidente de los empresarios que están al frente de los chiringuitos en la provincia, Manuel Villafaina, subrayó el peso específico que el turismo de sol y playa aporta a la economía costasoleña: «Somos los verdaderos encargados de fidelizar al turista, de generación en generación y con un trabajo que no se limita a una sola temporada», argumentó.

Remarcó asimismo que el sector es consciente de que la Junta planteó como fecha límite el mes de octubre para regular la situación en la Costa del Sol. Al respecto, quiso ser cauto respecto a que quedan aún algunas semanas hasta que se cumpla el plazo previsto, sin dejar de mostrar su preocupación por la falta de celeridad en los procedimientos pendientes.

Moreno insistió en que por parte de los empresarios aludidos y de los trabajadores que desarrollan su labor en estas instalaciones de playa «hay plena voluntad por normalizar la situación». Pero al mismo tiempo enunció que por parte del Gobierno andaluz se observa «falta de ambición, coraje, decisión y trabajo».

Facturación multimillonaria. El presidente del PP andaluz incidió en que en Andalucía los chiringuitos acumulan una facturación conjunta de 500 millones de euros. No se entiende, como dijo en presencia de los portavoces del colectivo en varias provincias, que no haya «falta de seguridad jurídica desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impusiera unas nuevas normas en 2007». Esa situación se ha prolongado en los años sucesivos, «pese a que en 2011 se traspasaron las competencias a la Junta».

«Vemos un gobierno paralizado, durmiente, con poca iniciativa e incapaz de resolver los problemas, que acaban por pudrirse y enconarse», espetó. En relación a la celeridad que sí se da en otras zonas del litoral andaluz, la Delegación de Medio Ambiente de Granada, como informó el propio PP, ya ha resuelto el 60% del trabajo todavía pendiente en Málaga.

Expresó Moreno que en dicho litoral «hay menos recursos humanos». Todo esto supone, como aseveró, «una situación arbitraria que lleva a que no haya un trato igualitario entre todos los chiringuitos». Para intentar poner fin a la situación en Málaga y ante el presidente del PP en esta provincia, Elías Bendodo, el propio Moreno anunció que pedirá la comparecencia del consejero «para que explique la situación actual de unos establecimientos que son una referencia en la oferta de sol y playa».

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente rechazó las críticas del PP y aseguró que trabaja «de forma permanente» y con «máxima implicación y colaboración con el sector» para dar seguridad jurídica a los empresarios de chiringuitos en Andalucía. La Consejería considera que la incertidumbre la ha traído la anulación de una norma aprobada por el Gobierno de Rajoy, como es la disposición transitoria vigésima sexta del Reglamento de la Ley de Costas, tumbada por el Tribunal Supremo por considerar que vulnera «los principios de igualdad, proporcionalidad y jerarquía normativa, entre otros».