La Junta de Andalucía ha dejado de pagar 8.203 recibos girados por el Patronato Provincial de Recaudación en nombre de 74 ayuntamientos de la provincia de Málaga, a los cuales debe 8,7 millones de euros, según informaron ayer fuentes de la Diputación de Málaga.

Algunos de los recibos impagados datan nada menos que del año 1996, como es el caso de varios recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles que la Junta de Andalucía debe al Ayuntamiento de Estepona, Consistorio de la provincia de Málaga al que adeuda una mayor cantidad de dinero en concepto de impuestos impagados: un total de 3.267.893 euros.

La cuantía de los impuestos impagados y la fecha desde la que no se abonan han llevado al Patronato Provincial de Recaudación a notificar el embargo de parte del edificio de Correos, propiedad de la Junta de Andalucía, como adelantó el lunes por la noche La Opinión de Málaga en su edición digital.

El presidente del Patronato Provincial de Recaudación, Francisco Salado, explicó ayer que la Junta de Andalucía ha dejado de pagar numerosos recibos correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles de edificios como los puertos deportivos o los pantanos, «que no están exentos por ley del pago del IBI como lo pueden estar los colegios».

«Lo que no se puede entender es que una administración como la Junta de Andalucía exija el pago de los impuestos a los ciudadanos, a los que aplica un recargo si no pagan en tiempo y forma, y que luego no pague lo que le corresponde a otras administraciones, como los ayuntamientos, a los que el pago de ese dinero les supone una cantidad muy importante dentro de sus presupuestos», manifestó Salado.

En este sentido, hay ayuntamientos a los que la Junta debe 3,2 millones de euros, como es el caso de Estepona, pero también otros a los que adeuda cantidades importantes como 900.000 euros a Antequera y 766.000 euros a Vélez Málaga. Pero incluso hay consistorios más pequeños como el de La Viñuela al que la Junta adeuda 483.000 euros, lo que supone una cantidad muy importante para un ayuntamiento cuyo presupuesto este año es de apenas tres millones de euros.

Francisco Salado explicó que el patronato ha estado negociando desde hace años con la Junta de Andalucía el pago de esta deuda, pero ante la falta de diligencia de la Junta se ha decidido seguir adelante. «Cuando llegamos a la Diputación la deuda era el doble, pero hay recibos de los que se ha pagado el principal pero no los recargos o los intereses, o viceversa, con lo cual nunca se termina de pagar», explicó Salado.

El Patronato Provincial de Recaudación decidió embargar el edificio de Correos ante el silencio de la Junta de Andalucía a los requerimientos del ente provincial para que señalara qué edificios podían ser embargados para satisfacer la deuda con los ayuntamientos de la provincia.

«La mayoría de inmuebles de la Junta son de uso social y no se pueden embargar pero en cuanto el recaudador ha encontrado un bien inmueble como el edificio de Correos, que actualmente no tiene uso, y además se ha puesto a la venta, se ha decidido ordenar su embargo, porque la Junta no puede dilatar más el impago a los ayuntamientos», añadió Salado.

No obstante, el presidente del Patronato de Recaudación reiteró que tienen las puertas abiertas para que la Junta presente un aval por el importe de esa deuda o señale cualquier otro edificio de uso patrimonial sobre el que se pueda lanzar una orden de embargo para satisfacer la deuda. «Pero de lo que no hay duda es de que la Junta de Andalucía tiene que pagar», dijo Salado.

El delegado de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, se mostró molesto por la filtración del embargo a la prensa y afirmó que hay argumentos para presentar un recurso de reposición ya que hay alegaciones presentadas contra el cobro de algunos recibos que aún no han sido respondidas.

En este sentido, la Diputación reconoce que hay actualmente 80 recursos en trámite pero la deuda es tan cuantiosa y en algunos casos viene de tan lejos que han decidido pasar a la acción.

Ruiz Espejo añadió que el embargo de tres plantas del edificio no tiene por qué afectar al cambio de calificación del inmueble que la Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga para ponerlo a la venta.

Lo que sí parece claro es que sólo el hecho de registrar la existencia de un embargo sobre parte de este edificio obstaculiza la posible venta del inmueble, si bien el embargo se puede levantar pagando lo que se debe o avalando la deuda con otro inmueble de la Junta.