«Yo es que he tenido padre y madre y a mí no se me hubiera pasado por la cabeza hacerles esto», cuenta José N. , de 75 años. Recibe a La Opinión en su piso del número 7 de la calle Salamanca y en la mano tiene la orden judicial de desahucio promovida por su hijo, M. A. y que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre.

La paradoja es que José N. pagó el piso en el que vive y fue él quien decidió ponerlo a nombre de M. A., el cuarto de los cinco hijos de su primer matrimonio. «El piso costó 7.700.000 pesetas, decidí ponerlo a nombre de mi hijo porque entonces el interés estaba al 11 por ciento y si lo ponía a su nombre, se quedaba en el 8 porque estaba soltero y era más joven. Yo lo pagué entero porque entonces mi hijo estaba estudiando y no tenía ingresos».

Este perito industrial, que hizo mucho dinero en sus tiempos de jefe de obra, hasta la llegada de la crisis, cuenta que también le pagó al hijo parte de la entrada de la vivienda que ahora disfruta en otro punto de Málaga, así como otras importantes cantidades, entre ellas 3.000 dólares para una operación de miopía y un premio de lotería de 300.000 pesetas. «Tal como cobré el premio se lo di porque le hacía falta. Es lo que un padre hace por sus hijos».

José vive en calle Salamanca, 7 desde 1997 y dos años más tarde le acompañó su segunda pareja, María, con quien tiene un niño de 11 años y una niña de 4. Los dos menores también irán a la calle el 21 de octubre si los recursos interpuestos por el padre no lo frenan.

Las desavenencias entre padre e hijo, cuenta José, se originaron por la crisis: «En el 92 o 93 tenía un sueldo de 4,5 millones de pesetas al año pero en 2007, con la hecatombe de la construcción, me quedé en la ruina, hasta el punto de que cobro la pensión no contributiva». Apurado por las deudas, dejó de pagar la luz y la comunidad durante un año y varios meses. «Y como mi hijo era el propietario, en lugar de reclamarle por carta le embargaron la cuenta, y eso fue el detonante, me dijo que era de poca vergüenza. No nos hablamos desde 2013».

Durante el juicio que siguió, quedó constancia de que M.A. era el propietario de la casa. «Él tiene una escritura y yo no tengo nada», resume el padre.

Cobijo y alimentos

Mientras pasan los días, José N. sigue luchando en los juzgados y además de recurrir va a reclamar cobijo y alimentos. También se puso en contacto con la concejala de Málaga Ahora Isabel Jiménez, que trató de mediar en el conflicto familiar dado que su hijo es policía local de Málaga, pero como ayer confirmó la edil a este diario, M.A. se negó a hablar del asunto.

En los mismos términos, este diario contactó ayer con la mujer de M.A., quien señaló que hay una sentencia judicial que les da la razón y ni ella ni su marido harían más declaraciones.

«Si fuera yo solo pues me meto en casa de cualquier familiar pero hablamos de dos niños pequeños, escolarizados, y no tengo dónde meterlos», argumenta José, que pide a su hijo que lleguen a un acuerdo: «Que siga pagando el agua y la comunidad y cuando yo me muera la casa es suya. Esto no es razón para echar a un padre».