­La cuerda siempre se rompe por el lado más débil y así ha ocurrido en la televisión municipal Onda AzulOnda Azul, donde después de conocer las graves irregularidades en la compra y pago por adelantado de unas cámaras que nunca llegaron durante los últimos meses de gestión de la anterior directora, Fátima Salmón, la mayoría de los grupos que componen el consejo de administración de Onda Azul, salvo el PSOE, han señalado como culpable al jefe de administración de la empresa, Alejandro Briales. Salvan así, al menos de momento, de cualquier responsabilidad a la anterior gerente, Fátima Salmón, y al propio alcalde, Francisco de la Torre, como presidente de Onda Azul.

De esta manera, el consejo de administración de la televisión municipal, celebrado de manera extraordinaria y urgente en la tarde de ayer, aprobó a propuesta de la actual directora gerente, Vanesa Martín, la apertura de un expediente disciplinario al director de administración de la empresa. Además, de manera cautelar queda suspendido de empleo (no de sueldo) mientras se sustancie el expediente que será tramitado por Vanesa Martín.

Todos los grupos dieron su respaldo a la medida, salvo el PSOE, que se abstuvo y defendió que las «graves irregularidades» desveladas en Onda Azul no pueden saldarse sólo con culpar a un trabajador «para salvar el pellejo político del alcalde y de la anterior gerente, que son los verdaderos responsables», según señaló el concejal Francisco Conejo. El socialista propuso abrir un segundo debate donde se acordara llevar a la Fiscalía la compra irregular de las cámaras, la realización de una auditoría sobre las cuentas de Onda Azul y depurar las responsabilidades políticas y económicas de los «verdaderos responsables». El resto de grupos, aunque defienden la necesidad de seguir depurando responsabilidades, decidieron posponer la medida.

Informe del secretario. Por la mañana se había conocido el informe del secretario general del Ayuntamiento, que se pronuncia sobre el procedimiento seguido por la televisión municipal Onda Azul para la compra de cinco cámaras y sus lentes óptimos, que fueron abonadas por adelantado a pesar de que el material nunca llegó. El secretario advierte de la existencia de «incumplimientos legales» en su adjudicación, así como de diversos «defectos e imprecisiones».

El informe, solicitado a instancias del PSOE y tras analizar la documentación al respecto, deja claro que «no consta contrato» entre Onda Azul y la empresa adjudicataria de las cámaras, lo que implicaría un «incumplimiento» del pliego de condiciones y «debería haberse impedido la ejecución del dicho contrato».

En todo caso, también considera que, según la ley de contratos, no se debería haber dividido en dos la licitación (por un lado las cámaras y por otro las lentes) al considerar que son materiales que dependen unos de otros. Por ello, el secretario indica que se debió seguir el procedimiento negociado con publicidad, que implica la libre concurrencia y no la división en dos contratos para así negociar sólo con tres empresas. También invalida el pago por adelantado que hizo Onda Azul y recuerda que el Código Civil no prevé esa modalidad de abono.

El informe considera que se debieron «ejercer las acciones legales pertinentes» tendentes a conseguir la entrega del material o a la devolución del dinero.

Descalifica, igualmente, que se aceptara la oferta a la baja presentada por la empresa que resultó adjudicataria, y afirma que «dicha oferta debió ser considerada baja temeraria» y no admitida, dado que de un presupuesto de licitación de 55.000 euros, la empresa rebajó su oferta a los 32.230 euros. Por ello, señala que la decisión de la gerente de mantener dicha oferta «se adoptó sin las debidas cautelas legales», dado que tampoco se le exigió a la empresa que justificara su baja.

A su vez, el informe del secretario descalifica la elección de la empresa adjudicataria, al no tener la habilitación profesional «exigible» para la realización de las actividades que plantea el contrato, mientras que el resto de firmas licitadoras sí poseían dicha habilitación.

Por último, en cuanto a la decisión de la anterior gerente de subir el sueldo a tres trabajadores y subir de categoría a algunos de ellos, el informe del secretario es claro al señalar que «cualquier decisión» relativa a la creación de puestos de trabajo o a aumento de retribuciones del personal «quedan dentro de las atribuciones del consejo de administración», por lo que cualquier decisión de la gerencia sobre estos asuntos «carecería de habilitación».

Como remate, el informe acepta, «por estrictas razones de prudencia», el finiquito abonado a la exgerente, Fátima Salmón.