­La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) han propuesto, en una reunión con la Consejería de Turismo y Deporte, que la inspección de Turismo centre su principal actividad ante la «proliferación de alojamientos ilegales» y que el nuevo decreto de alquiler de viviendas con fines turísticas pretende dar solución. Tras un verano récord en pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras, directivos de Fahat se reunieron conel viceconsejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Diego Ramos, y con la directora general de Calidad, Innovación y Fomento, Carmen Arjona, para hacer balance y seguimiento de la aplicación de este nueva normativa.

En el transcurso de este encuentro, la Junta ha trasladado al sector que hasta principios de octubre se ha registrado un total de 15.000 solicitudes en las ocho provincias andaluzas, desde el pasado mes de mayo, fecha de la entrada en vigor del nuevo decreto. Este dato es equivalente a unas 60.000 camas en Andalucía. Ambas partes han coincidido en su voluntad de estrechar la colaboración de entidades públicas y privadas, de buscar fórmulas que permitan la racionalización de esta oferta en los entornos urbanos y rurales, la aceleración del proceso de regularización y la erradicación del mercado de los alojamientos que operan de forma clandestina.

Por otra parte, y de acuerdo con la Consejería de Turismo, se van a iniciar los trámites previos para implantar en Andalucía el sistema europeo que regula los alojamientos hoteleros por puntos y que permita una mayor flexibilidad de la oferta hotelera, de acuerdo con las necesidades y exigencias del mercado actual.

Un fenómeno en auge

El alquiler vacacional, acaso el fenómeno de mayor impacto de cuantos se han dado en los últimos años en la industria turística, ya no es sólo un motivo de debate, sino una realidad visible, con repercusiones económicas que van desde la generación de riqueza a un poder transformador que afecta tanto al urbanismo como al perfil sociológico del habitante y el mercado regular de los pisos, notablemente encarecido en las zonas de influencia.

Las viviendas turísticas, que hasta el pasado mayo funcionaban en la trastienda de la ley, sin ninguna figura normativa que las amparase, son la punta de lanza de una revolución, la del turismo, que ha puesto patas arriba la configuración de las ciudades. Sobre todo, en destinos de reciente invención como Málaga, donde la gestación de nuevos proyectos ha adquirido un ritmo sensiblemente acelerado. Y más, si se comprueban las primeras listas oficiales, que son las del registro de la Junta, la administración encargada de tulelar el tránsito desde el limbo jurídico a una situación reconocible y con plenas garantías legales.

En los cuatro meses que lleva el decreto en vigor, han sido un total de 8.134 los pisos de la provincia que han iniciado los trámites para darse de alta. Una cifra abultada, que sumada a la de todos los propietarios que han apostado por seguir en la clandestinidad, desafiando, esta vez sí, a la ley, deja entrever la fuerza con la que se ha instalado el negocio en lugares como la Costa del Sol, que a nivel andaluz, domina ampliamente el panorama. Según los datos actualizados por la administración autonómica, son ya más de 2.100 las referencias de viviendas de Málaga que solicitan cada mes ser incluidas en el catálogo.