Los delitos de impago de pensiones han caído en la provincia un 10,3% entre 2014 y 2015, pasando desde los 1.071 casos abiertos en los juzgados de Instrucción malagueños de hace dos ejercicios a los 961 de la pasada anualidad, según los datos recogidos en la última memoria de la Fiscalía General del Estado.
Ello supone un claro cambio de tendencia, puesto que entre 2014 y 2015 el aumento de este tipo de ilícitos creció casi un 30%, según la memoria, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
El delito se configura sobre la base de dos impagos consecutivos o cuatro no consecutivos de las pensiones a los hijos o compensatorias a los excónyuges y se castiga con penas de cárcel que van desde los tres meses al año de reclusión y con multas de entre seis y 24 meses, de forma que se establece la cuantía de la sanción según el nivel económico del afectado. De cualquier forma, los expertos en Derecho de Familia desaconsejan a los cónyuges acudir a la vía penal, porque luego la convivencia puede volverse muy complicada entre las dos partes de la relación.
Si la subida de los últimos años se debía a la crisis económica y al desempleo, la bajada se debe a la mejoría de la situación económica general, según explica el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, que preside la Sección Sexta, precisamente especializada en Familia. «Cuando la economía está mejor las pensiones suelen ser pagadas», aclara, al tiempo que recuerda que, en cuanto alguien deja de pagar, lo primero que se hace por parte del juez es un trámite de averiguación de bienes. «Te localizan lo que tengas, siempre que esté en A», precisa, y destaca que ya hay gente en prisión por este delito, cuatro o cinco casos en los últimos años.
El abogado Carlos Cómitre asegura que la vía penal se usa ya menos para este tipo de casos y añade que, efectivamente, «la gente cuando sale del desempleo procura ir pagando. Si la gente encuentra trabajo paga las pensiones». «Además, hay que recordar que muchas personas se encontraban haciendo trabajos dentro de la economía sumergida y era muy difícil demostrar que eran solventes, al mejorar la situación hay menos personas en esa economía sumergida, mejoran los ingresos y pagas, claro», reflexiona este abogado, socio director del despacho Ley 57.
«Yo conozco dos casos que han acabado con penas de prisión porque no se les ha suspendido la pena. Esto ocurre si te condenan dos o tres veces por este motivo, sólo con una condena por impago de pensiones no sueles entrar en la cárcel», apunta, y recuerda que para ello si alguien ha sido condenado a dos años o más y tiene antecedentes, la suspensión de la ejecución de la pena se complica. Otra causa de la bajada puede ser la situación de algunos juzgados de Familia, que sufren un atasco «importante» y mandan menos trabajo a los de Instrucción. «Eso no es una situación exclusiva de esta especialidad, sino que hay pocos jueces y pocos juzgados en toda la provincia. Nosotros hemos puestos varias quejas por el retraso de los juzgados ante el Defensor del Pueblo, nos dan la razón y nada más», indica.
La abogada de Familia Amelia Zafra achaca también a la crisis la caída de los delitos de impago de pensiones, aunque cree que también se debe a «la pelota que hay en el juzgado». «Están saturados, hasta que realmente no hay una resolución firme que modifica la sentencia sigue pendiente la pensión al alza y hay gente que deja de pagar. Además, se está embargando ahora una parte proporcional muy baja de las ayudas o subsidios», precisa.
Esta experta en Derecho de Familia afirma tener varias sentencias en las que se le ha estimado una modificación de medidas, es decir, la bajada de la pensión, ha instado la ejecución pero como hay tanto trabajo pendiente tarda un tiempo en llevarse a cabo, y el afectado continúa pagando la pensión con la cuantía original por la que se litigó. «Hay que adecuar la resolución judicial a la realidad de las personas», asegura.
Delitos contra la familia
Los delitos contra las relaciones familiares, entre los que se encuentra el impago de pensiones, también han caído, en concreto un 13,2%, desde los 1.586 asuntos de 2014 a los 1.376 de 2015.
El abandono de familia cae desde los 383 casos a los 310; la inducción de menores al abandono del domicilio desciende de los 38 a los 26 asuntos, los matrimonios ilegales bajan de cuatro casos a uno y el quebrantamiento de los deberes de custodia suben desde los tres a los 23 procedimientos, según los datos de la memoria de la Fiscalía General del Estado.
