El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca se enfrentan a una petición fiscal de 10 años de prisión por supuestas irregularidades urbanísticas a través de la firma de varios convenios con una sociedad para construir un edificio de viviendas.
El juicio está previsto que se celebre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga el próximo martes día 18 y miércoles 19, según han informado a Efe fuentes judiciales.
Según el escrito acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Efe, se trata de unos acuerdos urbanísticos suscritos por el Consistorio de Marbella con la sociedad Marina Mariola, el primero en abril de 1995, de cesión de excesos de aprovechamientos, y que luego fue modificado en junio de 1997, generando otro exceso distinto.
Anticorrupción acusa al que fuera gerente de la sociedad municipal Planteamiento 2000, Juan Antonio Roca, como inductor por los delitos de prevaricación administrativa, fraude en concurso con malversación y contra la ordenación del territorio, mientras que Muñoz se le acusa por los mismos delitos pero en calidad de autor.
En el banquillo de los acusados también está previsto que se siente un empresario, como responsable de la sociedad, al que se le acusa por un delito de fraude en concurso con malversación y por un delito urbanístico.
Además del pena de cárcel e inhabilitación durante cuarenta años, se pide que los acusados y la sociedad que firmó los convenios indemnicen al Ayuntamiento de Marbella con 4,7 millones de euros.
El ministerio público mantiene en su escrito que tras la llegada al poder del Grupo Independiente Liberal (GIL), los responsables municipales elegidos, con el fallecido Jesús Gil al frente, gestionaron el patrimonio público en su propio beneficio.
Julián Muñoz, como alcalde accidental, fue la persona de confianza durante algunos años para firmar decretos, convenios y escrituras en nombre del alcalde, "que dejó casi inmediatamente de firmar cualquier documento para no comprometerse en las ilegalidades que sabía se sucederían".
Para Anticorrupción Roca era el verdadero gestor en materia urbanística, "desde un aparente segundo plano y con una contratación laboral".
En este procedimiento se investigan dos convenios, el primero no llegó a ejecutarse y el segundo recogía un incremento de la edificabilidad, que creó un exceso de aprovechamientos que tras ser tasados se calcula que causaron un perjuicio a las arcas municipales de 4,7 millones de euros.
Según el fiscal, la ejecución del convenio mediante la construcción del edificio proyectado no se ajustaba a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1986.
Los terrenos donde está el edificio, con 82 inmuebles, están en Huerta de Las Merinas y 74 viviendas se vendieron y se habitaron pese a estar pendiente de concesión de licencia de primera ocupación.
