El futuro del aprovechamiento del cauce del río Guadalmedina puede que se empiece a despejar en los próximos tres años. La Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y el Puerto de Málaga firmaron ayer un protocolo de intenciones que se da hasta octubre de 2019 para poner en marcha las primeras actuaciones, aunque abre la posibilidad a ampliarlo en otro año más.

El acuerdo, aunque no lleva aparejado ningún compromiso económico por parte de las administraciones y ha tardado casi cuatro años en gestarse, permite consensuar las primeras obras. Una comisión técnica analizará la idoneidad de las actuaciones y que se ajusten a la normativa hidráulica, que exige un caudal mínimo de desagüe de 600 metros cúbicos por segundo.

Una vez firmado el protocolo, al que no pudo sumarse el Gobierno por un problema administrativo, el siguiente paso será constituir la comisión técnica con presencia de las administraciones firmantes, para estudiar las distintas propuestas para darle uso al cauce y unir las dos riberas.

El primer proyecto ya está sobre la mesa y viene impulsado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que propone la construcción de unos puente-plaza que unan las dos riberas sobre el cauce, en el tramo entre los puentes de la Aurora y Armiñán. La idea es ofrecer un espacio ciudadano con zonas verde, de estancia, juegos infantiles y paso peatonal. «Serían algo más ancho que un puente normal, que es de unos doce metros, para ofrecer espacio libre a barrios que no lo tienen», explicó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien reiteró que cualquier actuación respetará el caudal mínimo que se exige para facilitar la salida del agua en caso de lluvias torrenciales.

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguró que este proyecto «se estudiará y si se ajusta a los límites hidráulicos, que parece que sí, no habrá problema en hacerlo». Este apoyo inicial a la propuesta de los puente-plaza, no obstante, queda supeditado al informe de la Comisión Técnica, que empezará a funcionar antes de final de año, con idea de que a lo largo del primer semestre de 2017 pueda proponer un plan de actuaciones y calendario ya consensuado.

De la Torre también insistió en que el cauce, en el tramo por encima del puente de Armiñán, es más amplio y permite actuar en la integración urbana de los márgenes de la ribera sin afectar a la capacidad mínima de desagüe.

Buenas intenciones, sin dinero. La firma del convenio estuvo protagonizada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal; la diputada responsable de Medio Ambiente, Marina Bravo; y el presidente del Puerto de Málaga, Paulino Plata. Las declaraciones posteriores mostraron el compromiso de las cuatro administraciones por acelerar en lo posible la ejecución de los primeros proyectos. «No podemos perder otros 28 años», apuntó De la Torre, tomando como referencia la primera propuesta de aprovechamiento del cauce que se planteó en 1998 por encargo del Ayuntamiento de Málaga.

En ello coincidió José Fiscal, que se sumó al compromiso de acelerar en lo posible la toma de decisiones y el impulso a la ejecución de las obras. Eso sí, nadie habló de presupuesto ni de cantidades de dinero, algo que queda pendiente de conocer los proyectos para que se concreten cantidades. Al menos Marina Bravo insistió en que la Diputación de Málaga está dispuesta a trabajar «con cantidades encima de la mesa» y mostró su disposición a concretar la inversión lo antes posible.

Acuerdo esperado. El consejero de Medio Ambiente recordó que este acuerdo es «muy esperado por todos, especialmente por los ciudadanos de Málaga». Además, agradeció «la voluntad de cooperación» de todas las administraciones. «Siempre hemos estado dispuestas a colaborar y contribuir técnicamente en los proyectos de esta iniciativa», insistió.

Esto se traduce en el compromiso de todas las administraciones adoptado en el protocolo de «agilizar las gestiones de su competencia», siendo la Junta de Andalucía la que cuenta con mayores responsabilidades en la aprobación de los proyectos.

Además, el protocolo encarga al Ayuntamiento de Málaga la dirección de un comité director para supervisar los trabajos del comité técnico y acordar la financiación con el resto de administraciones.