La investigación que la Agencia Tributaria (Hacienda) está llevando a cabo sobre las cuentas de Limasa, y de manera especial sobre la liquidación respecto al llamado canon de asistencia técnica o asesoramiento para determinar si la empresa debe declararlo o no, está llegando a su fin después de que la inspección esté aceptando la documentación presentada por la empresa para justificar la deducción de dicho canon al conceptuarlo como gasto, según explicó ayer el concejal de Medio Ambiente, y responsable político de Limasa, Raúl Jiménez.
El concejal señaló que la inspectora que lleva el expediente ha venido aceptando en las últimas fechas la documentación aportada, especialmente por los socios privados de Limasa: Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Urbaser y Sando), justificativa de los ingresos recibidos a costa del canon de asesoramiento.
Hacienda está investigando los últimos cuatro años fiscales, 2012, 2013, 2014 y 2015. Inicialmente, según señaló el concejal, la inspección estaba dispuesta a reclamar el 30% del canon no declarado en esos cuatro años, cifrado en 2,4 millones más una sanción de hasta 1,2 millones.
Estas exigencias se han ido reduciendo a medida que Hacienda ha ido aceptando la documentación presentada por los privados. En la última semana la posible reclamación era de 1,4 millones más 750.000 euros de sanción.
Finalmente, explicó Raúl Jiménez, en los últimos días, la reclamación de Hacienda se centraría en los gastos de informática que forman parte del asesoramiento que prestan los privados. Se trata de unos gastos que habría que justificar de unos 100.000 euros, por lo que si finalmente Hacienda no considera que es un gasto deducible levantaría acta de infracción por el 30% de esa cuantía, que supondrían unos 30.000 euros, más una sanción adicional de hasta el 50% de dicha cantidad, que supondría otros 15.000 euros.
