24 de octubre de 2016
24.10.2016
Empleo

Más de 35.000 malagueños han pleiteado tras ser despedidos

Más de 2.000 sociedades se han declarado en concurso de acreedores desde 2007. Principalmente en el sector del turismo y la construcción - Ello ha generado una fuerte conflictividad laboral que ahora remite

24.10.2016 | 05:00

Todos los indicadores judiciales bajan por la mejoría económica

­La crisis económica, cuyo comienzo es fijado por los expertos en la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, se llevó por delante buena parte del bienestar que había alcanzado la provincia a lo largo de los años del boom del ladrillo, un fenómeno que se dio especialmente en la Costa del Sol y otras zonas litorales del país. Cuando se pinchó la burbuja, y a medida que las ayudas sociales iban menguando, la situación se volvió cada vez más complicada para los parados y para las empresas. Todo ese cataclismo financiero tiene un reflejo directo en los juzgados y los datos hablan por sí solos: casi 36.000 malagueños –35.865– han demandado en los juzgados de lo Social a sus empresas tras ser despedidos desde 2007 hasta el pasado mes de junio, es decir, la época más dura de la crisis.

En cuanto a las empresas, 2.054 de ellas se han declarado en concurso de acreedores en el mismo periodo de tiempo, procedimientos que han llegado a los dos juzgados de lo Mercantil de Málaga, oficinas que ya no existen, puesto que se han unido en un Tribunal de Instancia Mercantil de forma que cada uno de los cuatro jueces se ha especializado en un área específica de la materia, contribuyendo así a desatascar esta jurisdicción.

Otro dato a tener en cuenta es el de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que han llegado a las mismas oficinas: 109 entre 2012 y el segundo trimestre del presente ejercicio.

Los dos motores de la economía

Todos estos datos suponen la foto fija de una época que sobrevino a un prolongado periodo de bonanza basado, fundamentalmente, en el ladrillo y el turismo, aunque de estos dos motores de la economía provincial es el segundo el que sigue mostrando mejor salud, incluso en los años más duros de la crisis económica.

De cualquier forma, estas cifras, analizadas de forma separada, muestran claramente que ha existido una mejoría económica a lo largo del último año y medio, tal vez aún muy débil como para que se note en la salud de las familias y de las empresas.

En el caso de los concursos, el año 2012 fue el que registró más procedimientos de este tipo, con 326, una cifra que multiplica por más de seis a la que se contabilizó en 2007, con 58 asuntos de esta naturaleza. Ya hubo una caída muy significativa entre 2014 y 2015, pasándose de los 271 de la primera de esas anualidades a los 178 del año pasado.

En el caso de los ERE, el peor año de la crisis en la provincia fue 2013, un ejercicio recesivo, de forma que llegaron a los dos juzgados de lo Mercantil un total de 43 procedimientos de este tipo, frente a los 23 de 2012. En 2014, este indicador bajó a los 23 casos otra vez y en 2015 se registraron 13. En los primeros seis meses de 2016, ha habido siete Expedientes de Regulación de Empleo que han llegado a sede judicial.

El caso de los despidos es similar. El peor año fue sin duda 2010, cuando en los juzgados malagueños de lo Social se registraron 5.630 demandas por despidos improcedentes, una cifra que cae hasta las 3.479 de 2015. En los dos primeros trimestres del año en curso este indicador sigue bajando: entre enero y marzo llegaron 756 asuntos de esta naturaleza a la jurisdicción Social y, entre abril y junio, 664.

La cifra que cierra el círculo de la crisis en la provincia es la de los desalojos de viviendas, un número del que ya informó La Opinión de Málaga el pasado sábado, 15 de octubre. Así, entre 2013 y 2016 se han ejecutado en la Costa del Sol un total de 11.467 desahucios, según los datos publicados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su informe trimestral sobre la incidencia de la crisis en los órganos judiciales.

En Málaga, los lanzamientos practicados por los juzgados de Primera Instancia fueron más numerosos en el caso de personas que dejaron de pagar su hipoteca, con 5.788 asuntos, aunque una cifra muy similar se da en el guarismo que refleja las ejecuciones por incumplimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por dejar de abonar el alquiler del inmueble.

En el caso andaluz, en el segundo trimestre del año se dieron un total de 3.491 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un descenso del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Pese a la caída, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma en la que se han presentado un mayor número de ejecuciones hipotecarias, seguida de Cataluña, con 3.046, y la Comunidad Valenciana, con 2.056, según hace constar el TSJA en su informe.

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