La Fiscalía de Málaga pide un total de 11 años de prisión para un hombre que incendió el despacho de su abogado, ubicado en la calle Mauricio Moro, porque no estaba de acuerdo en cómo tramitó la demanda contra la Seguridad Social por haberle sido retirada la pensión de incapacidad permanente. Su acción puso en serio peligro la vida de los vecinos de las 48 viviendas del inmueble, debido sobre todo al humo tóxico. Muchos de ellos fueron atendidos por los bomberos o los agentes de las policías Nacional y Local, que se personaron rápidamente en el lugar.
Según consta en la calificación fiscal, el procesado cobraba una pensión de la Seguridad Social por incapacidad permanente, «pero como quiera que dicho organismo se la había suprimido, encargó a un abogado que le tramitara la oportuna reclamación administrativa».
A las 13.00 horas del 28 de agosto de 2013, el acusado se presentó en el despacho en el que el letrado tenía su asesoría laboral, ubicada en la calle Mauricio Moro Pareto de Málaga. Allí discutió con una de las empleadas, dice el acusador público, «porque no estaba de acuerdo con la forma en la que estaban tramitando su reclamación, dado que no obtenía lo que pretendía». Llegó a decirle: «La voy a montar en el tribunal, no hacéis nada por ayudarme».
El acusado, con ánimo de venganza, «planeó prenderle fuego a la asesoría, acudiendo, en ejecución del plan concebido, sobre las 23.00 horas del 31 de agosto de 2013, al referido inmueble en compañía de su hijastro menor de edad». Entró en el edificio porque un vecino había abierto la puerta poco antes. Llevaba consigo un mechero, dos botellas de plástico con gasolina y gasóleo, una botella de medio litro de aguarrás, dos trozos de goma espuma y un envase de desodorante, «que previamente había adquirido para tal fin y con los que prendió fuego intencionadamente a la puerta de entrada del despacho del letrado, provocando que ardiera rápidamente, originándose un gran incendio».
La puerta quedó totalmente calcinada, de forma que las llamas afectaron también a todo el rellano de la planta tercera y a las puertas de las viviendas de varios vecinos, así como a los cables telefónicos, de forma que llegaron a romperse los cristales de las ventanas.
También se acumuló una gran cantidad de humo tóxico, poniendo en serio «peligro la vida e integridad física de los vecinos del inmueble, que constaba de unas 48 viviendas, todas ellas ocupadas por sus respectivos moradores, quienes se salvaron de las llamas gracias a la rápida intervención de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, así como del equipo de bomberos que acudió a extinguir el fuego utilizando extintores y evacuando a los vecinos de sus viviendas, teniendo que ser asistidos, algunos de ellos, in situ, por los servicios médicos por inhalación de humo tóxico y estado de nerviosismo».
El mismo encausado sufrió quemaduras de tercer grado en ambas piernas y tuvo que ser ingresado en la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Haya.
Los policías recuperaron a través de un vecino una caja que contenía dos botellas de plástico llenas de gasolina y gasoil, una botella de medio libro de disolvente y dos trozos de gomaespuma, «efectos utilizados por el encausado para prender el fuego y que este dio a su hijastro menor para que la escondiera en un contenedor de obra».
Los daños ocasionados por el fuego en la puerta del despacho profesional ascendieron a 2.129 euros y los de limpieza a 609. El interior del inmueble sufrió desperfectos valorados en 5.933 euros. Parte de estos gastos ya han sido satisfechos por las compañías aseguradoras.
El procesado padece un trastorno de control de los impulsos y del comportamiento inducidos por el consumo de tóxicos que «disminuyen parcialmente sus capacidades de raciocinio y volitivas en relación con los hechos».
Al encausado se le piden once años con la circunstancia atenuante de enajenación mental y una orden de alejamiento del jurista de 12 años, así como que la medida de libertad vigilada incluya que se someta a tratamiento médico externo adecuado a su patología durante una década, amén de las costas y las indemnizaciones.
El juicio oral se celebrará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial los días 2 y 9 de noviembre de 2016 y comenzará con el interrogatorio del acusado.
