La Fiscalía de Málaga pide un total de cuatro años de cárcel, multa de 20 meses con una cuota diaria de 15 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción, además de las costas, para un empresario que vendió una parcela de suelo no urbanizable en Casarabonela a un matrimonio inglés a cambio de casi 70.000 euros y luego, aprovechándose de su desconocimiento del idioma español, contrató con ellos la construcción de una casa con piscina a sabiendas de que el domicilio era ilegal.
Así, el 12 de marzo de 2002, el acusado era el administrador único de una promotora y celebró con un matrimonio de nacionalidad inglesa «un contrato privado de compraventa que tenía por objeto una suerte de tierra con la extensión de 6.000 metros cuadrados por un precio de 69.116 euros».
El 1 de julio de 2002, el acusado celebró con estas mismas personas «un contrato de ejecución de trabajo de construcción de la vivienda en esa finca, actuando estos como promotores y la empresa como constructora, a sabiendas de que en ella no se podían realizar dichos trabajos por no permitirlo la normativa urbanística».
La finca en cuestión era rústica de suelo no urbanizable agrícola de regadío. El empresario «les hizo creer, con ánimo de lucro y aprovechándose de su desconocimiento del idioma español y de la normativa aplicable, que este tipo de construcción era legal, lo cual motivó que los contratantes efectuaran el desembolso económico señalado con el fin de llevar a cabo la casa deseada y fin último de tales contratos», recalca el ministerio fiscal.
El acusado, «a sabiendas de que se trataba de un terreno en suelo no urbanizable, por ser agrícola de regadío, llevó a cabo una construcción no legalizable, consistente en una casa destinada a vivienda con piscina, con pleno conocimiento de dicha condición. Las obras se iniciaron en junio de 2004».
Los hechos han sido calificados por la Fiscalía de Málaga como un delito de estafa y otro contra la ordenación del territorio. Por el primero de ellos, se le piden dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el segundo, se le solicitan otro par de años de privación de libertad, una cuota de 20 meses a razón del pago diario de 15 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción durante dos años y medio, así como el pago de las costas.
Solicita además el fiscal que indemnice al matrimonio inglés, que el contrato sea declarado nulo y que pague la demolición de la vivienda.
