La pesca furtiva y su posterior comercialización sin regulación sigue dibujando surcos cada vez más amplios en la provincia de Málaga. Las cifras que dio ayer a conocer la Junta de Andalucía sobre los productos pesqueros ilegales decomisados entre los meses de enero y octubre superan ampliamente a las cantidades confiscadas durante el mismo periodo del año en 2015. En la encadenación de batidas y controles que se han realizado por parte del servicio de Inspección Pesquera han aflorado un total de 10.862 kilos de productos pesqueros ilegales. En 2015, la cifra todavía fue de 8.879 kilos, lo que se traduce en una subida del 31 por ciento.

En cuanto a las especies afectadas, la pesca ilegal se lleva por delante en primer lugar a las chirlas. Con 4.903 kilos lideran por delante de los atunes (1.757 kilos), las conchas finas con 921 kilos y los boquerones con 742 kilos.

Sensiblemente en cantidades inferiores, se mueven ya los jureles con 302 kilos, las cigalas con 253 kilos, seguidos por el pulpo (230 kilos) y la merluza (212) kilos. A la cola, los salmonetes cuya cantidad decomisada asciende a los 189. En una cantidad sin especificar, también se han incautado coquinas y bacaladillas.

Más allá de las cifras, se constata de nuevo lo lucrativo de un negocio que tiene su punto físico en Mercamálaga. Ahí es donde más mercancía ilegal se ha incautado después de las capturas en vehículos, seguidas de las pilladas en alta mar. Al contrario de lo que pasa con la pesca de inmaduros, donde la trayectoria marca cifras descendentes, el delegado de Agricultura, Javier Salas, que hizo declaraciones ayer acompañado por el delegado de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, desglosó las cifras señalando que las infracciones más comunes son la pesca sin disponer de licencia o la pesca en fondos o calderos prohibidos.

Teniendo en el horizonte la idea de preservar una bahía, la de Málaga, especialmente sensible, Ruiz Espejo afirmó que estas operaciones «velan por el cumplimiento de la normativa vigente y llevan a la protección de la sostenibilidad de nuestros caladeros», a los que consideró «fundamentales para mantener estos recursos en el futuro». También destacó la labor de seguridad alimentaria, esencial para los ciudadanos y la tranquilidad de consumir un producto seguro desde el punto de vista alimentario».

Estas actividades al margen de la ley han acarreado un total de 87 expedientes con 218.000 euros en sanciones. El grueso han sido por pescar sin licencia (69 expedientes, 185.000 euros) o por extraer en fondos prohibidos o caladeros no autorizados en épocas de vega (cinco expedientes, 15.000 euros). También, la pesca, tenencia o trasbordo de especies inmaduras (dos, 5.000 euros) y el uso de aparejos no reglamentarios (una, 3.000 euros).

En cuanto a pesca de recreo, se han levantado un total de 97 expedientes con un total de 78.000 euros en sanciones. La mayoría de ellos por pesca sin estar en posesión de la correspondiente licencia (37 expedientes, 20.000 euros); captura o tenencia de especies prohibidas (25, 24.000 euros), muchos por pesca ilegal de atún; y captura o tenencia de productos pesqueros de talla inferior (ocho, 21.000 euros). El grueso del pescado incautado se encuentra en productos irregulares en materia de trazabilidad, como ordenación, control y comercialización. Se han levantado 66 expedientes con 321.000 euros en sanciones propuestas.

Por otro lado, Salas recordó el convenio que el servicio de Inspección mantiene con el Ministerio del Interior desde octubre de 2007. Destacó así la relevancia en la colaboración con el Seprona así como con la Policía Local. Realizó, para acabar, un llamamiento a los ciudadanos, a los que explicó que «si no se adquieren inmaduros y especies prohibidas, no se pescarán».