El Ayuntamiento de Málaga ha ganado aire en su defensa del metrobús al Hospital Civil como alternativa al tranvía. Cuatro horas de reunión han servido para que el Ayuntamiento todavía viva la opción del carril bus como opción. Ese margen se lo ha proporcionado un informe jurídico que presentaron a la Consejería de Fomento y que defiende el encaje en la concesión de la propuesta municipal de usar autobuses. El consejero de Fomento, Felipe López, ha optado por flexibilizar la posición inicial y dar de margen hasta fin de año para buscar un acuerdo.
Un grupo de seis técnicos, tres por cada administración, se reunirán a partir de la semana próxima para analizar el informe municipal y tomar una decisión definitiva sobre el tramo al Civil antes de que acabe este año. Ese plazo se antoja, parece que esta vez sí, como definitivo. Felipe López insiste en que se deberá optar «por una alternativa que satisfaga a las dos partes o, al final, habrá un desencuentro pactado».
De hecho, las diferencias entre las dos administraciones siguen siendo evidentes, pese a la sensación de cierta búsqueda de entendimiento transmitida este viernes tras la reunión. Mientras el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, interpreta el acuerdo como una posibilidad de que la Consejería acepte el metrobús, toda vez que asegura el informe justifica jurídicamente que sería aceptable introducir un sistema de transporte con autobuses integrado con el metro. «No me toca a mí decirlo, pero entiendo que si hay seguridad jurídica no debe haber problemas», insistió De la Torre.
La lectura del consejero de Fomento es algo distinta. No entiende este plazo para estudiar el informe municipal como una puerta abierta a su aceptación. Considera que es más un gesto de acercamiento y de despejar las dudas municipales: «No queremos descartar nada hasta que no lo hayamos estudiado», apuntó Felipe López, quien insistió en que este estudio «puede servir para arrojar un poco de luz y que el Ayuntamiento vea que no hay más camino alternativo que el tranvía».
En todo caso, Felipe López lanzó un aviso sobre el futuro del tramo al Hospital Civil e insistió en que quieren «cumplir todo lo que se incluyó en el acuerdo de 2013» y recalcó que no entienden otra solución que el tranvía.
¿Qué ocurrirá?
La Consejería de Fomento insiste en que no demorarán la decisión sobre el tranvía más allá de fin de año. En todo caso, las reuniones técnicas que se celebren a partir de la semana próxima servirán para ir despejando dudas sobre la propuesta municipal. Dependiendo de a quién se escuche, en uno u otro sentido. En el caso del Ayuntamiento, consideran que el único problema es de encaje jurídico, ya que técnicamente el metrobús (que es un carril bus en sustitución del tranvía) es más barato y aportaría los viajeros necesarios para el equilibrio financiero de Metro de Málaga.
La Consejería de Fomento, a falta de un estudio en profundidad del informe jurídico presentado por el Ayuntamiento, muestra numerosas dudas sobre su contenido. Los análisis realizados por sus técnicos y por la concesionaria del Metro ya apuntaban a que legalmente no se podía poner el sistema del metrobús. Además, dudan de la fiabilidad de un sistema de carriles bus sin enlace directo con la parada del metro (obligando al transbordo) y sin una plataforma reservada que asegure la frecuencia de paso.
Estas dos posiciones contrapuestas parece que son inamovibles. Tanto uno como otro insisten en ello, lo que pinta un futuro muy negro para este tramo. Salvo que el estudio del informe municipal llegue a conclusiones muy contundentes, parece claro que el desencuentro se mantendrá en Navidad y esto sólo significa una cosa: demanda judicial.
La declaración del tramo al Civil como «obra de interés metropolitano» supone un respaldo judicial a la postura de la Consejería de Fomento, quien insiste en que el acuerdo firmado con el Ayuntamiento en 2013 acordó su construcción para asegurar el equilibrio financiero del metro, al llegar a los 20,7 millones de pasajeros anuales.
Renunciar a esto descuadrará las cuentas aprobadas y sumará unos sobrecostes anuales que se estiman en 3,5 millones de euros anuales, que se reclamarán al Ayuntamiento para que los abone. Además, la concesionaria tendría un arma jurídica para presionar ante la administración, ya que podría alegar que se ha incumplido con el compromiso de trazado.
