­A menos de mes y medio para que acabe el año y la espera de que los investigadores determinen si las muertes de dos mujeres en Frigiliana y Fuengirola entran o no en el ámbito de la violencia de género, las estadísticas oficiales demuestran un repunte de la violencia machista en la provincia de Málaga. Bajo la punta del iceberg que representan los asesinatos de mujeres, la actividad policial se ha intensificado hasta alcanzar una cifra histórica. Así lo refleja el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), que en su última actualización del mes de septiembre contabilizaba en Málaga 2.935 casos activos de mujeres cuyas situaciones de riesgo han sido valoradas policialmente. Esta cifra, la más alta desde que se ofrecen datos a nivel provincial, estaba compuesta mayoritariamente por víctimas que a priori no corrían peligro (1.944), aunque sobre la mesa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado había 991 casos de mujeres que sí requerían medidas de protección en función del riesgo: 845 de nivel bajo, 138 medio, 7 alto y uno extremo. El aumento de estas cifras tiene una consecuencia directa sobre las plantillas policiales, ya que los niveles bajo, medio, alto y extremo deben revisarse cada 72 horas, 7 días, 30 días y 60 días, respectivamente, con medidas que están claramente protocolizadas y que van desde los contactos telefónicos esporádicos en los casos menos graves hasta la vigilancia permanente de una víctima. Otro dato que apuntalan el repunte son los 56 dispositivos telemáticos que a esa fecha había activados en la provincia para garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, muy por encima de los 47 con los que se cerraron los años 2015 y 2014 , los 44 de 2013, los 40 de 2012 o los 49 de 2011.

Tribunales

Los delitos de violencia machista cometidos durante los seis primeros meses del año se sitúan en 3.338 (1.581 asuntos en el primer trimestre y 1.757 en el segundo), según los datos del Observatorio sobre esta materia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así, entre marzo y junio fueron enjuiciados por ilícitos de esta naturaleza en Málaga un total de 160 hombres y dos mujeres, de los que fueron condenados el 63,6%. De los 1.757 delitos del segundo trimestre del ejercicio, 39 casos fueron contra la libertad, 1.413 por lesiones y malos tratos, dos contra la libertad e indemnidad sexuales, 83 contra la integridad moral, cinco contra los derechos y deberes de los familiares, 64 quebrantamientos de pena y 140 de medidas impuestas por los jueces, según la misma fuente.

De cualquier forma, los datos de la serie histórica confirman que 2015 fue un mal año en cuanto a las condenas por malos tratos. De los 911 juicios celebrados en los tres juzgados de lo Penal especializados en la materia en Málaga, 201 (el 22%) acabaron con una sentencia condenatoria y el 78% restante con un fallo absolutorio, según las cifras que maneja la Fiscalía General del Estado en su memoria.

La segunda de estas cifras puede deberse, precisamente, a que muchas de las mujeres se acogen al controvertido artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que exime a las maltratadas de declarar contra sus cónyuges o excompañeros, pese a que los datos no lo reflejan con exactitud. El problema no sólo se da en Málaga, sino en todo el país. «No es posible determinar cuál es la razón por la que se han dictado las sentencias absolutorias, que pese a ser menos que en el año anterior -a nivel nacional, suponen un dato preocupante, sobre todo en el ámbito de los juzgados de lo Penal», dice la Fiscalía General del Estado. «Sin perjuicio de aquellos procedimientos que terminaron en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por sobreseimiento provisional, que ascienden al 39,3%, y que, por experiencia, sabemos que en muchas ocasiones la causa está en la posibilidad que se le concede a la víctima de no declarar en contra de su pareja o expareja», añade.

La Fiscalía ya ha solicitado que se modifique expresamente el artículo 416 de la Lecrim. «Es absolutamente prioritaria la reforma del 416 de la Lecrim a fin de evitar el alto índice de impunidad de esta execrable violencia, excluyendo a la testigo víctima de la posibilidad de acogerse a la dispensa, o al menos excluyéndole cuando ella haya sido la denunciante sin que pueda renacer ese derecho, con independencia de cuál sea su posición procesal o de que cambie la misma durante la tramitación del proceso», afirma el ministerio público.

En Málaga, los tres órganos de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer están desbordados. Al menos uno de ellos estaba señalando el mes pasado juicios de asuntos que entraron en 2014 para octubre de 2017, es decir, con un retraso de casi tres años. La situación ya estaba mal hace unos meses, pues los jueces y los secretarios judiciales -ahora letrados de la Administración de Justicia- de los juzgados números 12 y 13 no daban abasto por la acumulación de lo que se conoce como juicios rápidos por delito. La solución tampoco vino de la mano de especializar el juzgado de lo Penal número 14 en la materia, pues el órgano tiene aún asuntos habituales que debe quitarse de encima. Los sindicatos judiciales y hasta el juez decano de Málaga, José María Páez, tenían claro lo que debía hacerse: no especializar una de las oficinas, ya de por sí sobrecargadas, sino crear un nuevo juzgado de Violencia sobre la Mujer, pero no hay dinero. Su creación ayudaría mucho a hacer frente al colapso que sufren estas oficinas. Además, los órganos se reforzaron con otro juez, con lo que habría cuatro, pero los juicios que presidía tenían que ser tramitados por los mismos funcionarios, con lo que el tapón que, en principio, debía desatascar, fue incrementándose.