Las subvenciones y ayudas públicas concedidas por la administración central y por los gobiernos autonómicos juegan un papel importante en el apoyo a determinados sectores empresariales y entes, proporcionando una financiación con la que se pretende incrementar la productividad, innovación y eficiencia de las empresas, aunque los resultados no sean siempre los esperados. No obstante, desde que arrancó la crisis en 2008 la tendencia de estas ayudas ha sido a la baja, a excepción de algún repunte anual esporádico, según el último anuario de las Administraciones Públicas elaborado por Axesor. El estudio refleja que en 2015, en concreto, la rebaja conjunta en el caso de Andalucía fue del 32%: de una cuantía total de 374,3 millones de euros de 2014 se bajó a los 254,3 de 2015, con un recorte en cifras reales de 120 millones. La ayudas recibidas por las empresas andaluzas se situaron así casi un 37% por debajo del promedio de 2008-2014, en el que el importe superó los 400 millones anuales.
Axesor recuerda que la subvención es la entrega de financiación sin ningún tipo de contraprestación, aunque está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, mientras que las ayudas públicas son una entrega dineraria que sí tienen una contraprestación, pero siempre a unas condiciones mejores para las empresas que las del mercado.
El comportamiento de ambas administraciones, la central y la autonómica, no fue el mismo durante el pasado ejercicio. La Junta de Andalucía aportó la mayor parte de las ayudas públicas y subvenciones a empresas de la comunidad (casi un 84% del total), con 213,2 millones de euros, aunque la cifra fue un 41% inferior a la que otorgó el año precedente. En todo caso, cabe resaltar que las aportaciones de la Junta la sitúan como el gobierno autonómico que más financiación concedió, bastante por delante de Castilla y León, segunda con 154,7 millones. El tercer puesto lo ocupó el País Vasco, con 147,9 millones.
En cuanto al Gobierno central, las ayudas en Andalucía son de mucha menor cuantía aunque sí reflejaron un sensible crecimiento en 2015: de los 10,6 millones que se destinaron en 2014 se pasó a 41,1 millones durante el pasado año.
Si se analiza la tendencia a nivel nacional, desde 2009 hasta 2012 el peso del Estado en la concesión de subvenciones y ayudas públicas estaba en torno al 55%, mientras que las comunidades concedían el 45%. A partir de 2012, el peso de los organismos autonómicos se ha incrementado de forma paulatina.
Si se compara con el resto de comunidades, el descenso del 32% de la financiación a las empresas andaluzas en 2015 fue el sexto mayor tras los de Extremadura (-62%), Navarra (-50%), Galicia (-40%), La Rioja (-39%) y Castilla La Mancha (-37%). La tasa de variación fue negativa en diez comunidades y positiva en siete. De estas últimas, destacó el incremento del 100% en Valencia y del 55% en Cantabria.
Ayudas, pero con sentido
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, afirmó que el descenso de las cifras obedece al proceso de consolidación fiscal y reducción del déficit público que se viene acometiendo por parte de las administraciones. También aludió a la incidencia que hayan podido tener los procesos electorales de 2015, sobre todo en el caso de la Junta, por lo que tuvieron de parón administrativo. Sea como fuere, González de Lara solicitó a los poderes públicos que, en la medida de lo posible, mantengan el nivel de ayudas «productivas».
«Estamos más a favor de los incentivos a la actividad, con un interés bonificable, que de las subvenciones a fondo perdido, que es un concepto que ya no sirve. No queremos empresas subvencionadas, pero sí ayudas que permitan a una empresa aumentar su actividad, internacionalizarse o apostar por nuevos retos materiales y de infraestructuras. Perder elementos de dinamización empresarial en estos tiempos es complicado», lamentó. El responsable de la CEA recordó que los incentivos siguen siendo «muy necesarios» en determinados sectores y apostó por opciones como bolsas de ayudas reembolsables para pequeñas y medianas empresas que acometan planes de crecimiento.
Por su parte el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles, coincidió en que las ayudas públicas son necesarias para cubrir necesidades de financiación de las empresas que no son atendidas por otros canales, mientras que sí pidió «huir» de las subvenciones a fondo perdido. «La administración debe apostar por incentivos para el crecimiento que incluso le generen retorno. En ocasiones se ha dado dinero a empresas sin futuro.
Tiene que haber ayudas pero con un control y eligiendo proyectos con valor añadido y capacidad de generar empleo», opinó.
