Salían de un paraíso que se había convertido en un infierno donde era imposible subsistir y llegaban al gélido norte de Europa, solos, dejando la mayoría de las veces a los hijos, con la única compañía de una maleta de cartón y sus sueños por prosperar lejos de casa. Según las cifras oficiales del Instituto Español de Emigración (IEE), entre 1959 y 1973 emigraron a países como Alemania, Francia, Suiza o Bélgica más de un millón de personas (1.066.440); el 71% de los que salieron fuera de España en esos quince años tenían como destino el continente europeo. En 2013, miles de inmigrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación por parte de la Agencia Tributaria en la que les informaban de posibles sanciones por no haber declarado en su día las pensiones recibidas por haber cotizado en esos países. 30.000 malagueños se verían afectados por esta situación, según el PSOE, que denuncia que el Gobierno «persigue a estas personas como si fuesen delincuentes cuando lo que hacen es ganar una pensión que se han ganado con el sudor de su frente».

El pasado 30 de septiembre el grupo parlamentario socialista presentó una proposición no de ley en el Congreso para pedir un tratamiento fiscal específico para estos jubilados que un día lo dejaron todo para salir fuera a ganarse la vida.

A diferencia de las emigraciones anteriores, en la década de los sesenta se da un movimiento migratorio de carácter rotativo. La mayoría de los emigrantes salen del país con un contrato de trabajo, establecido entre el Instituto Español de Emigración y las autoridades de los países receptores, por un periodo inicial de un año. Esa característica favorece un flujo de salidas y retornos anuales; además de una estrecha relación entre la situación económica del país receptor y el volumen de contratos de trabajo que oferta a España. «Son pensiones muy pequeñitas, la mayoría dos o tres años fuera, son elementos que se suman a las que perciben de España», asegura Eva Foncubierta, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER).

Las zonas que concentran la mayoría de los problemas en la provincia son rurales, pequeños pueblos de la Serranía de Ronda y la comarca de Antequera, donde el fenómeno migratorio fue más numeroso. Los afectados son personas mayores. La mayoría, con escasos conocimientos fiscales. En 2013, la Agencia Tributaria empezó a mandar cartas, en total 800.000 en toda España, reclamando estas cantidades con efecto retroactivo desde 2008. «Piden desde ese año incluso en países donde los protocolos de entendimiento que había establecidos, como Alemania, no lo permitían», aclara Heredia.

Es decir, con efecto retroactivo, Hacienda exigía a estos jubilados que devolvieran de la noche a la mañana lo que tenían que haber pagado a un Gobierno que nunca les reclamó.

«Recibieron la carta entre la sorpresa, la incredulidad y la indignación». En algunos casos, incluso los herederos tenían que reponer el dinero si sus padres habían ya fallecido. «Todo es surrealista», exclama el secretario de los socialistas malagueños. Con todo, muchos se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Tenían que devolver la cantidad indebidamente cobrada, más una multa más un recargo de demora. «Con lo cual, en algunos casos, el desembolso ha superado los 20.000 euros», sostiene Foncubierta, que comparte las cifras que maneja el PSOE sobre el número de afectados en la provincia: 30.000 personas. 180.000 en Andalucía y 800.000 en toda España.

Los socialistas también critican que estos emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y se han visto obligados a pagar el gravamen que les correspondía, más intereses de demora, sanciones y recargos. «El Gobierno actúa de forma insensible con unas personas que hicieron un esfuerzo yéndose y trayendo divisas para España. Mientras Montoro aprueba amnistías fiscales para los grandes defraudadores, persigue como delincuentes a los emigrantes retornados», reprocha Miguel Ángel Heredia. Y esta situación asfixia sus débiles economías.

«Los emigrantes retornados no comprendieron el enorme perjuicio que les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido por su parte voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por cuanto que, hasta entonces, la Administración Tributaria nunca les había exigido que tributasen por esas pensiones», explica el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia.

Tras un gran esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de afectados, la Administración Tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. A pesar de esta rectificación, y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, durante la primera mitad de 2015, el PSOE sostiene que no ha acabado de solventarse el problema, pues la Agencia Tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo, por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos (2008 a 2012).

Hay colectivos que continúan solicitando una ampliación del plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los emigrantes retornados que trabajaron en Alemania y perciben pensiones del país germano, en las que se concluye que los pensionistas no deberían tributar en el Estado español puesto que ya habían tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que podría considerarse un caso de doble imposición. José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), explica que la intención de Hacienda es buscar ingresos. «Son personas mayores que no habían declarado y de pronto ven cómo se les reclaman grandes cantidades, cuando en su día, según aseguran, fueron a los consulados y les dijeron que no tenían que tributar. Pero no cuentan con ningún documento que lo acredite».