Es una característica propia del empresario, analizar parámetros diversos, desde económicos a meramente perceptivos, para tomar decisiones de negocio. El posicionamiento previo a los demás, marca la ventaja competitiva, y en este sentido es buena noticia ver que, la apuesta por el sector inmobiliario, vuelve a ser una realidad empresarial en nuestra provincia.
Desde finales del año 2015 venimos registrando datos positivos en las estadísticas de coyuntura inmobiliaria; una lenta, pero constante recuperación. Pese a las turbulencias, nacionales e internacionales, que han afectado al mercado de la vivienda durante este año, los datos que, trimestre a trimestre arroja el sector, empiezan a tener tendencia ascendente continuada. Poco a poco, comienzan a aparecer grúas en el perfil de nuestras ciudades, que habían estado desaparecidas durante años. Todo ello, ligado a repuntes en niveles de compraventas, hipotecas y, lo más importante, de empleo ligado al sector.
La demanda de vivienda, que se había ido embolsando en los años de crisis, ha comenzado a fluir, ayudada por la recuperación general de la economía española, los bajos tipos de interés del BCE que señalan a la vivienda como un valor seguro, los ajustes en los precios en inmobiliario pero con ascendencia alcista que determinan una rentabilidad, y la reactivación de la financiación bancaria a la compra de viviendas. Un cóctel perfecto para afianzar la recuperación, pero que no será completo hasta que no se acometan algunas reformas, en las que todos los agentes implicados en el proceso inmobiliario deben implicarse, y muy especialmente las administraciones públicas; se precisan medidas encaminadas a reducir y racionalizar la carga burocrática de la tramitación urbanística; el modelo español se compone de unas 100 normas urbanísticas autonómicas y más de 5.000 ordenanzas municipales. Esta enorme heterogeneidad y complejidad es de difícil aplicación, genera duplicidades, plazos incumplibles y procedimientos inexplicables. Por ello, se requiere una revisión profunda de los marcos regulatorios, que favorecerá, entre otros aspectos, una mayor eficacia en los procesos. También, es necesario elaborar un paquete de incentivos fiscales, centrados en la adquisición de la primera vivienda y en otros aspectos como la rehabilitación o el primar las viviendas eficientes energéticamente. Cabe recordar, que tenemos un recorrido fiscal que lo permite, puesto que el 25% de lo que el comprador paga, son impuestos que terminarán en las arcas públicas, muy por encima de las medias europeas que se sitúan en el 15%.
No es entendible cómo no se han aprovechado estos años de crisis para realizar este tipo de reformas, teniendo en cuenta que el sector de la construcción puede levantar el mercado laboral, ya que está a la cabeza en generación de empleo directo, tras la agricultura, y es líder en generación de actividad inducida a otros sectores. Sin embargo, no sólo no se han tomado medidas para incentivar el mercado inmobiliario sino que tampoco se ha optado por inversión productiva en infraestructuras.
La importancia de la inversión continua en mejora y mantenimiento de las infraestructuras que ya tenemos, así como movernos a exigir el desarrollo de las que aún nos faltan por acometer, determinará que podamos seguir siendo líderes en cualquier sector, al incidir sobre las exportaciones, el turismo, la implantación de nuevas industrias, etc., Sin embargo, hemos comprobado cómo, por desgracia, la Administración ha centrado su obligado control de déficit, en recortes con cargo al capítulo de inversión, en vez de centrarse en recortar otros capítulos de gastos.
Falta inversiones. En la provincia de Málaga llevamos más de seis años con inversiones medias en el entorno de los 200 millones de euros, cifras ínfimas para las necesidades reales de nuestro tejido productivo que tenemos cuantificadas en los 1.000 millones de euros anuales. Las infraestructuras de un territorio son las que determinan el dinamismo económico, y se tiene que apostar por ellas, si queremos que se nos siga reconociendo a la cabeza de las economías provinciales de nuestro país.
La insuficiente inversión, está provocando un incremento de la competencia entre empresas, situación que en muchas ocasiones están utilizando las administraciones para recrudecer las condiciones de licitación y sobreelevar los requerimientos realmente necesarios, perjudicando con ello a las empresas más pequeñas pero con la solvencia adecuada para la ejecución de estas obras. A esto hay que sumarle un listado de peticiones adicionales que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el objeto del contrato y a las que, últimamente hay que añadir, unas pretendidas cláusulas sociales que en vez de servir a este fin, sólo están transformándose en un control sobre la gestión de la empresa y un incremento de sus costes.
Todo esto está derivando en una espiral que parece no tener límite en las obligaciones a las que las empresas se comprometen para poder conseguir un contrato. El mercado no es capaz de regularse actualmente por la necesidad de contratar trabajo, por lo que la Administración, debería actuar como garante de adjudicaciones sensatas, ya que lo contrario sólo puede generar problemas para la empresa, la Administración y por tanto para el ciudadano. Un control estricto de la temeridad en las ofertas es una necesidad urgente, y no sólo en lo que se refiere a la baja económica, sino también, respecto al resto de condiciones exigidas en los pliegos.
Ante estas perspectivas, sólo nos queda seguir trabajando con la mayor profesionalidad posible, apostando por alcanzar la excelencia de nuestras empresas con el objetivo de hacerlas mejores, con la esperanza que no sólo nosotros nos impongamos esta tarea para el próximo año y que podamos hablar en el 2017 de una recuperación sin «peros».
*Presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP)
