La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer que la fianza de 6.000 euros que pide la Fiscalía de Málaga para ejercer la acción popular en el caso de la muerte de dos jóvenes colombianos está totalmente injustificada y obstaculiza su lucha contra la corrupción policial. Los hechos a los que se refiere este caso ocurrieron el 25 de abril de 2009 en la finca de los Naranjos de Alhaurín de la Torre y en la causa han resultado investigados dos guardias civiles de la Comandancia de Málaga, según la asociación.
La causa fue archivada en 2009 a petición de la Fiscalía, pues se hizo valer la tesis de que el autor de las muertes actuó en defensa propia, pero se reabrió en 2015 por las indagaciones del Servicio de Asuntos Internos sobre el asesinato de Lucía Garrido en la misma finca en 2008, que podría estar relacionado. La asociación recordó que solo cuenta con los recursos de sus propios afiliados y manifestó que no van a renunciar a sus principios, por lo que realizará una cuestación popular para reunir la cifra exigida por la Fiscalía de Málaga para personarse en este caso de presunta corrupción policial. Considera la AUGC que la fianza de 6.000 euros no es acorde con la consigna de tolerancia cero contra la corrupción que han esgrimido tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el resto de fuerzas políticas.
