Una deuda que asciende, a día de hoy, hasta los 153.658 euros está llamada a acabar de manera definitiva con el Museo Taurino que se ubica en la plaza del Siglo, y que se mueve entre la polémica desde que se inauguró el pasado 25 de febrero de 2015. Ayer, la Diputación dio a conocer el inicio de un procedimiento para rescindir el contrato que mantiene ahora mismo con el coleccionista Juan Barco, debido al impago de las mencionadas cantidades pendientes de pago. Una deuda acumulada, que se integra por la falta del abono del canon correspondiente a los años 2015 y 2016, facturas acumuladas correspondientes al suministro de electricidad y agua, y a las que hay que sumar la ausencia del pago del IBI correspondiente al antiguo inmueble del Patronato de Turismo que ahora alberga la colección taurina de Barco.
Así se constata en el informe realizado por el servicio de Cultura de la Diputación, y que ha dado lugar a que se inicie el procedimiento para poner fin a la relación contractual que mantiene la institución provincial con el responsable del Museo Taurino. En declaraciones a este periódico, el diputado de Cultura, Víctor González, aseguró ayer que no es una decisión que se ha tomado a la ligera, sino que se produce después de que las facilidades ofrecidas por la parte acreedora para saldar la deuda no hayan surtido efecto. «Yo informé a Juan Barco sobre este problema hace meses. Entonces, le invité a regularizar esta situación. Algo que no ha sucedido hasta el día de hoy», señala un González que se lamenta, además, de verse «forzado a dar este paso» por un «incumplimiento grave de contrato».
La historia del Museo Taurino, desde su apertura, viene acompañada de varios sobresaltos que han colocado al edificio, desde sus inicios, en el foco de la atención. En un principio, el primer acuerdo alcanzado entre Barco y la Diputación se ratificó sobre unas condiciones extremadamente ventajosas para el coleccionista. El contrato firmado, entonces, no preveía el pago de canon alguno, sino que estipulaba la obligación de abonar el 20 por ciento de los ingresos obtenidos, siempre y cuando el número de visitantes superara, al menos, las 80.000 anuales. Una cifra prácticamente imposible de alcanzar si se compara con el ratio de visitantes que manejan el resto de museos de la capital. Además, a la explotación del museo había que sumarle también la del restaurante ubicado en la terraza, y los beneficios que se obtienen de la tienda de Toroshopping que se instaló en los bajos del inmueble. Con este trasfondo y debido a la presión política ejercida por el resto de formaciones con representación en la Diputación, el equipo de gobierno popular diseñó el actual acuerdo que obligaba al pago de un canon anual.
Con la decisión adoptada de rescindir el contrato, se abre el interrogante sobre el futuro inmediato del edificio. Por lo pronto, hasta que no se consuma la rescisión, el museo y el restaurante podrán funcionar como lo llevan haciendo hasta el momento. Ahora se abre un periodo de alegaciones para poner freno a la rescisión. Según González, todo apunta a que sea precisamente ese el próximo paso dado por Barco que, al menos, le permitiría ganar tiempo.
Fianza para saldar la deuda
El informe del servicio de Cultura recoge, además, que en función de lo establecido en el pliego de condiciones, la fianza depositada por el adjudicatario (153.750 euros) «servirá para responder de la incautación que pudiera decretarse en el caso de la resolución de la concesión». De esta manera, según confirmó el propio González, la intención de la Diputación pasa por quedarse con la fianza para saldar la deuda pendiente.
Preguntado sobre un posible futuro uso para el edificio ubicado en la plaza del Siglo, González aseguró que es algo que está totalmente en el aire y que tendrá que verse en un futuro, y tras mantener el correspondiente debate político. Cabe recordar que el edificio es propiedad de la Diputación.
