­Dentro de no mucho, recordaremos el año 2016 como el momento en que el metro de Málaga se quedó constreñido a un recorrido sin posibilidad de crecer. Sin futuro. Y con una gran incertidumbre económica sobre su coste final. Otra vez. La negativa del Ayuntamiento de Málaga a aceptar el compromiso adquirido en noviembre de 2013 de llevar el metro hasta el Hospital Civil en un tramo en superficie ha marcado este año. La fuerte oposición de un grupo de vecinos del entorno de las calles Eugenio Gross y Blas de Lezo ha sido la excusa que necesitaba el Ayuntamiento para recular en la ampliación del metro, intentando aportar un carril bus como alternativa a la opción del tranvía, pese a ocupar el mismo espacio. De esta forma, la EMT quería hacer frente a la hipotética amenaza de una ampliación del metro, bloqueando esta posibilidad pero sin abordar una integración real de ambos medios de transporte.

Para el futuro del metro se plantean dos vías de trabajo. Por un lado, terminar los dos tramos de obra entre Renfe y Atarazanas. El primero estaba pendiente de una nueva licitación para retomar los trabajos paralizados entre Renfe y el Guadalmedina, tras la marcha de la anterior adjudicataria. Estos trabajos son claves para enlazar con el tramo que acercará el metro al Centro (Guadalmedina-Atarazanas) y que avanzan ya a buen ritmo, con idea de empezar a reponer parte de las calles afectadas a mediados de 2017.

La otra línea de trabajo es mucho más delicada. Se trata de resolver el coste económico del metro durante los años de la concesión. La negativa municipal a llegar al Hospital Civil pone en cuestión los cálculos hechos hasta el momento, con una previsión de 21 millones de pasajeros al año que parece que no se cumplirán. Esto ira acompañado de un incremento de los costes de explotación, superando los 70 millones anuales ya acordados. La postura de la Consejería de Fomento es clara y quiere repercutir los sobrecostes en el Ayuntamiento de Málaga, al que considera responsable de ellos por negarse a ampliar el metro hacia el norte. Mientras, hay ya una parte del contrato que está judicializada, como son las aportaciones municipales en la construcción del metro. El Ayuntamiento quiere evitar asumir este coste, mientras que la Junta le reclama el 25% que habían acordado.

La resolución de este conflicto y de los que están por venir parecen ya abocados a los tribunales, dado que la vía de comunicación entre la Consejería y el alcalde están my marcadas por la desconfianza y los incumplimientos mutuos. Parece que, con este panorama, sea posible llegar a un acuerdo.