Los trabajadores del metro de Málaga anunciaron ayer a este periódico que impugnarán los servicios mínimos impuestos por la Junta de Andalucía para la huelga del próximo 5 de enero, que, de momento, y a menos que se alcance un acuerdo con el tribunal de intermediación, seguirá adelante con el calendario fijado, de 16 a 22 horas, en víspera de la fiesta del día de Reyes, coincidiendo con la cabalgata.
Según informó Juan Vicente Pomares, presidente del comité de empresa, los operadores de líneas y técnicos de operaciones, que son los dos colectivos afectados, estudian actualmente la fórmula más eficaz para recurrir la decisión de la administración, que, como indica la normativa, ha tomado las riendas de la iniciativa después de que la concesionaria y los trabajadores fueran incapaces de consensuar el número de empleados obligados a estar de guardia durante la movilización.
El planteamiento de la Junta presupone que el metro funcionará el próximo día 5 con unos servicios mínimos del 65 por ciento en el servicio de trenes, del 75 en la estación y del cien por cien en el puesto de control. Un volumen de trabajadores que al comité le parece a todas luces «abusivo» y que intentará combatir, advirtió, con todos los recursos legales existentes a su alcance.
La empresa y los empleados están citados en cualquier caso hoy en el Sercla para una nueva reunión convocada con el objetivo de acercar posturas y evitar la huelga. Juan Vicente Pomares no es, en este sentido, rotundamente pesimista, aunque advierte que todo dependerá de la actitud de la concesionaria. «Espero que recapaciten y acabemos con esta situación que no le gusta a nadie», señala.
El colectivo de trabajadores decidió el pasado 20 de diciembre tomar cartas en el asunto y presionar a la firma para que atienda sus peticiones; los operadores de líneas y técnicos de operaciones aseguran que son los peor pagados entre sus homólogos de España y reclaman, entre otros puntos, que se vuelva a negociar el convenio, que fue aprobado antes de que el comité se constituyera, días antes de que la infraestructura fuera siquiera inaugurada. «Es un convenio que no refleja nuestra realidad laboral», señala.
