Sanear el enorme patrimonio de Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella condenado a 17 años de prisión por el caso Malaya, ha sido desde el estallido del proceso una de las obsesiones de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, encargada de enjuiciar el asunto, y de los administradores judiciales que se han encargado de gestionarlo. Fuentes conocedoras del estado económico financiero de las propiedades del Jefe aseguran que este habría ingresado ya a las administraciones públicas perjudicadas en torno a 14 millones de euros, una suma que provendría de la venta de sus bienes a través de la página web o de operaciones cerradas con anterioridad a la puesta en marcha de la misma.
No todo proviene del caso Malaya. Por ejemplo, por el caso Saqueo 1 el Ayuntamiento de Marbella, principal entidad pública perjudicada por las diferentes tramas de corrupción, ha percibido ya 8,129 millones de euros del exasesor.
A la Agencia Tributaria, se le han abogado 5,3 millones de euros en concepto de IVA y otros impuestos, así como también Roca ha pagado la responsabilidad civil del caso Minutas, 26.700 euros, y la del caso Malaya, 465.000 euros. En total, se han ingresado casi 14 millones de euros al Estado y al Ayuntamiento de Marbella, según las fuentes consultadas.
En cuanto a la página web habilitada para vender el patrimonio de Roca, ya se han subastado bienes por valor de cinco millones de euros, 4,5 por bienes inmuebles y medio millón de euros por diferentes bienes muebles.
«Estamos francamente sorprendidos por la buena acogida que está teniendo la página web para vender el patrimonio intervenido en el caso Malaya, sobre todo porque estamos teniendo muchas visitas: ya han entrado en el portal más de 2,6 millones de visitas», señalaron las fuentes judiciales consultadas, que añadieron que también se está pensando en la posibilidad de poner a la venta a través de la plataforma cibernética los bienes de otros condenados en el caso como Beto Pedronzo o la exconcejal María del Carmen Revilla.
La idea es que la subasta de los bienes permita que los condenados puedan hacer frente a las responsabilidades civiles y a las multas impuestas en este procedimiento, un dinero que irá, dependiendo del delito, al Estado o al Ayuntamiento de Marbella según se trate de blanqueo de capitales o malversación de fondos públicos. «Algunas de esas ventas sólo están apalabradas», advirtieron las fuentes, pero se reflejan en la cifra global de 14 millones de euros.
Hay otros bienes que también están siendo usados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ejemplo, el avión del exasesor de Urbanismo ha sido cedido a la policía. La aeronave fue reparada en Alemania pero la factura de su reparación fue tan elevada que superaba incluso al precio de venta, por lo que se ha cedido la propiedad a la Policía Nacional, que ya la usaba desde hacía un tiempo.
La idea de usar una página web para vender el patrimonio intervenido en un procedimiento judicial fue usada por primera vez por la Audiencia Provincial de Málaga en el seno del caso Malaya y, a la vista de que ha sido un éxito, las fuentes consultadas señalan que otros órganos jurisdiccionales harán lo propio y, de hecho, ya ha habido consultas al respecto.
Incluso, hay un grupo de funcionarios que ya participaron en la investigación inicial del procedimiento que se han puesto manos la obra para tratar de localizar bienes y dineros respecto de aquellos sentenciados que han alegado no tener con qué hacer frente a las responsabilidades pecuniarias impuestas en el seno del asunto. El fin es localizar esas propiedades y embargarlas, estén donde estén, lo que significa que se van a perseguir tanto en España como en otros países.
Por el momento, hay un grupo de condenados cumpliendo penas de prisión en diferentes cárceles del país, un colectivo formado por aquellos sentenciados a más de dos años de prisión a los que no se les suspendió la ejecución de la pena. Muchos de ellos han solicitado ya el tercer grado penitenciario, cuando apenas llevan un año entre rejas, ya que entraron en la cárcel en enero de 2016. De momento, la Sección Primera está denegando en todos los casos el acceso al régimen penitenciario de semilibertad porque considera que, además del pago de las multas, tienen que pasar más tiempo en prisión dada la gravedad y la naturaleza de los delitos económicos cometidos. En este grupo se encuentran, por ejemplo, Montserrat Corulla, la exalcaldesa Marisol Yagüe o la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos.
Los que fueron sentenciados a dos años de prisión o menos vieron cómo se les suspendía su entrada en prisión con la condición ineludible de que hicieran frente a las sanciones económicas impuestas, de forma que muchos de ellos ya han ingresado bien la sanción o la responsabilidad civil y a otros se les ha permitido hacer frente a estas sumas dividiéndoselas en diferentes letras. Lo importante, sostienen las fuentes, es que paguen.
Asimismo, hay cuatro huidos: Juan Germán Hoffman, abogado alemán que se encuentra en su país y que pagará y cumplirá la pena allí, y Andrés Liétor, empresario capturado hace un tiempo en Venezuela que ha pedido ingresar en Murcia y a quien no se le van a dar facilidades de pago tras haber eludió la acción de la Justicia.
Los dos fugados de los que no se sabe nada son Carlos Fernández, el exedil del PA, y José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, también investigado en Ballena Blanca.
