Un total de 133 letrados asesorarán gratuitamente a las personas sin recursos cuyos contratos hipotecarias contemplen cláusulas suelo con el fin de estudiar la posibilidad de que las entidades financieras devuelvan lo pagado de más, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la devolución retroactiva en este tipo de casos al considerar abusivas estas condiciones incluidas en los contratos hipotecarios.
Así lo anunciaron este martes el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, quienes explicaron que la Oficina de Intermediación Hipotecaria, existente desde 2012 en virtud de convenio entre ambas instituciones, ampliará así sus competencias, algo que ya ha tenido muy buena acogida, puesto que en menos de un mes han preguntado por este nuevo servicio cien ciudadanos.
«El ciudadano vendrá a la Diputación, pegará a la puerta, contará su problema, la Diputación verificará si se trata de una persona con escasos recursos y los letrados lo asistirán gratuitamente estudiando su caso, de forma que un abogado experto analizará la escritura hipotecaria, si tiene cláusula suelo y buscará una solución personal», destacó Lara, quien precisó que, pese a dar cifras en este tema es complicado, estima que hay 50.000 malagueños con cláusulas suelos y cada uno de ellos debería recibir en torno a 4.000 euros.
Una lección de responsabilidad
En concreto, son 133 los letrados que participan, sin cobrar nada, en esta experiencia, los mismos que desde 2012 han evitado en torno a 600 desahucios en la provincia. «Han dado una lección de responsabilidad», explicó Lara, quien recordó que el Gobierno, una vez conocida la sentencia del TJUE, que destrozó, prácticamente, la emitida por el Tribunal Supremo, espera aprobar una solución extrajudicial de forma que los bancos y los ciudadanos se pongan de acuerdo de forma ágil para que los segundos recuperen el dinero percibido por los primeros. «No podemos seguir esperando a cumplir lo que dice el TJUE», añadió.
Bendodo, por su parte, admitió que el proceso por el que se devolverán las cláusulas genera muchas dudas entre los ciudadanos e insistió en que el servicio se centrará en atender a quienes no pueden permitirse contratar a un abogado y que se estudiará caso a caso. Un fin perseguido por este acuerdo es el de evitar colapsar, aún más, los juzgados, lo que también se está intentando por parte del Ejecutivo.
