La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento provisional para dieciocho imputados en el caso Astapa, contra la corrupción político-urbanística en Estepona, al considerar que no han quedado acreditados los hechos o circunstancias en que se apoyaron las acusaciones.

Entre las personas que salen del procedimiento se encuentran varios familiares del exalcalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, investigado en este procedimiento desde que se inició el caso en el 2007, según aseguraron a Efe fuentes judiciales.

También salen del procedimiento varios empresarios, el secretario municipal, José Gustavo Rubio; el que era responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Flores, y el exconcejal de Partido Andalucista Rafael Montesinos, entre otros.

Por otra parte, el instructor, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad dictó en las últimas semanas seis nuevas imputaciones, todos ellos empresarios vinculados con convenios urbanísticos.

El procedimiento se inició en el 2007 y el juez instructor está en la «recta final» respecto a la investigación e instrucción, según las fuentes judiciales, que indicaron que actualmente hay un total de 101 investigados.

El caso Astapa siempre se ha considerado el «hermano pobre» del caso Malaya, y su instrucción ha estado marcada por numerosas quejas de letrados que denuncian que el caso se ha alargado demasiado ya que se inició en el 2007 y en junio del 2008 comenzaron las primeras detenciones en la primera fase de la operación policial.

En Astapa se investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Estepona y en el caso ya hay más de un centenar de investigados, el más conocido el exalcalde Antonio Barrientos, pero además hay concejales, empresarios y técnicos municipales.

La esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.

La operación Astapa se destapó el 17 de junio del 2008 como consecuencia de la denuncia presentada por los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez, y durante la intervención policial se produjeron las primeras detenciones.

Fueron enviados a prisión el entonces alcalde del municipio, Antonio Barrientos o el que fuera su jefe de gabinete, José Flores, entre otros.