La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar a partir de hoy al exalcalde de la localidad de Marbella Julián Muñoz, al exasesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca y a un empresario por la operación urbanística realizada a través de dos convenios que causaron un perjuicio económico de más de 2,8 millones de euros a las arcas municipales.
Así, la Fiscalía Anticorrupción acusa a los tres procesados de los delitos continuados de malversación de caudales y de prevaricación, en el caso del responsable de la empresa Lorcrimar, Manuel L. -que fue juzgado en el caso Malaya y resultó absuelto-, como inductor o cooperador necesario. Esta acusación solicita siete años y medio de prisión para cada uno de ellos.
En el escrito del fiscal se detalla la forma de gestionar el urbanismo en el Ayuntamiento desde la llegada al poder del exregidor Jesús Gil, explicando el papel de Muñoz como alcalde accidental, el de Roca al frente de la sociedad Planeamiento 2000, así como el del empresario «imprescindible para consumar las maniobras defraudadoras». En este sentido, se incide, como ya se ha hecho en otros procedimientos, en Roca «como persona de confianza de Gil y verdadero gestor de hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística», siendo el que controló la elaboración «de la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente hasta entonces». El fiscal solicita que el perjuicio al Ayuntamiento se fije en 2,6 millones de euros, más 219.249 euros en concepto de IVA; cantidad que pide como indemnización.
