­­Libertad es su nombre ficticio y un anhelo que abarca más de la mitad de su existencia. De sus treinta años, nueve los ha pasado sometida por el hombre que la quería a golpes y otros siete huyendo del demonio, una carrera que continúa voluntariamente por mucho que al agresor le queden varios años en la cárcel y muchos más con la prohibición de acercarse o comunicarse con ella. Libertad no se fía. Y los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que la protegen desde que llegó a Málaga a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), tampoco. La experiencia les dice que cuando su ex salga de prisión volverá a buscarla a ella y a la hija que tienen en común, como ya hizo saltándose la orden de alejamiento que le impuso un juez cuando ella accedió a dejar su ciudad natal del norte del país y comenzar una nueva vida en Andalucía. «Lo detuvieron en la misma ciudad antes de que nos encontrara siguiendo el rastro de la niña», asegura la joven en un discreto encuentro con La Opinión de Málaga en un despacho de la UFAM, en la Comisaría Provincial. A Libertad le acompañan Antonio, el policía que se encarga de su caso; la jefa de Protección, la inspectora Araceli; y la hija de la protegida, que no tarda ni un segundo en aceptar la invitación de marcharse a la sala contigua con el resto de agentes del grupo, donde no hay ningún extraño y no tendrá que escuchar una historia traumática con varios puntos de inflexión. Los agentes advierten de la complejidad del caso antes de cederle toda la palabra a la protagonista.

Más allá de conocer a la persona equivocada siendo una adolescente, la vida de esta mujer se trunca a partir de un embarazo que no tarda en llegar. La relación da un giro y comienza el aislamiento. Su vida social muere por la imposición de un hombre que la maltrata psíquica y físicamente. Ella aguanta.

Con la perspectiva que le dan los años y su propia liberación, culpa al ambiente que vivió de niña y a la educación recibida en su casa como uno de los principales factores para soportar esa situación durante tanto tiempo. «Me he criado en un entorno completamente machista. Mi padre siempre ha maltratado psicológicamente a mi madre y mis hermanos mayores han recibido todas las atenciones que mis hermanas y yo no tuvimos por ser mujeres. Yo de niña me he quedado sin regalos de Reyes Magos para que mis hermanos los tuvieran», dice con una sonrisa forzada. Tras nueve años de relación, un episodio violento que salpica a su hija hace que Libertad entre de lleno en la realidad. Se plantea denunciar y el equipo de la Policía Nacional que la atiende en su ciudad de origen le da el último empujón ofreciéndole protección.

Como han explicado horas antes Araceli, Pedro y Lorena en otro despacho, la atención es integral desde el minuto uno. «Es muy importante que la víctima esté acompañada desde que entra en dependencias policiales. Si espera sola para hacer la denuncia puede arrepentirse y marcharse», asegura la inspectora. También necesitan intimidad, razón por la que en la oficina de denuncias hay un habitáculo independiente para que expongan su caso. Durante este proceso se realiza la Valoración Policial del Riesgo (VPR), un programa que determina el nivel de peligro (no apreciado, bajo, medio, alto y extremo) al que se expone la víctima y las medidas de protección que obligatoriamente hay que aplicar en cada uno. A la denunciante se le da de alta en el programa en el momento de la denuncia y posteriormente los agentes actualizan todas las intervenciones que van realizando. A las mujeres se les ofrece inmediatamente un abogado del Servicio Urgente de Atención a Mujeres Maltratadas y posteriormente se les informa sobre el trabajo de los agentes. «Les damos una información generalizada del grupo, algunas pautas de autoprotección y la posibilidad de pedir una orden de alejamiento que el juzgado deberá valorar», explica Pedro. Su compañera Lorena destaca la importancia de darles consejos sobre el cambio de rutinas, de rutas para ir a trabajar o al colegio de los niños o incluso cambiar de domicilio. «Para protegerlas tenemos que saberlo todo sobre sus vidas», advierte Marcos, el responsable de los tres grupos que forma la UFAM (Investigación, Protección y Menores). El inspector jefe reconoce que para trabajar estas áreas tan sensibles «no sirve cualquiera» y muchos agentes se quedan por el camino durante el curso de tres semanas que hay que superar en Madrid.

Libertad denuncia en 2010. Su situación es de riesgo extremo. Su expareja es detenido pero queda en libertad con una orden de alejamiento. Con su hija a cuestas, le ofrecen pasar su primera noche fuera de casa en un hotel y luego rota por diferentes pisos de acogida para evitar que sea localizada por el maltratador y el entorno de éste. Todas las medidas que se toman para protegerla se quedan cortas y termina aceptando abandonar su ciudad y cambiar de vida. Su nuevo destino es Sevilla: «Por muchas razones necesitaba salir. Yo accedí a muchas cosas, como a no mantener ningún contacto con él, pero él siempre tenía la excusa de llamar para hablar con su hija». La decisión se toma en absoluto secreto, apenas dos personas de su confianza la conocen. La distancia y el anonimato permiten rebajar el nivel de riesgo, pero no por mucho tiempo. Su expareja es detectada en Sevilla y es detenido por quebrantar la orden de alejamiento que le impuso el juez tras la denuncia. Ella y la policía creen que le siguió el rastro con los datos escolares o sanitarios de la niña y sospechan que una tercera persona ayuda al maltratador. Desvelado su destino, la UFAM de Sevilla decide no arriesgar y le proponen a la joven cambiar otra vez de aires. Sus ganas de vivir aceptan y la trasladan a la provincia de Málaga. El caso cae entonces en manos de Antonio, a quien Libertad llama «mi policía» y mira y habla con la admiración que se profesa a un hermano mayor. «Cuéntale que pasó después...», dice él.

Su llegada a la Costa del Sol exige cambios estratégicos para evitar su localización. Aunque han pasado ya más de dos años de la denuncia, el juicio contra su agresor no se ha celebrado. Él, que tiene derecho a comunicarse con su hija, la sigue llamando y trata de sacarle a la cría información sobre su paradero. La amenaza está en la calle y se somete a un complicado plan de protección de datos por el que ella y la niña utilizan una doble identidad para ir al colegio o al médico. Ni siquiera estas medidas evitan que las alarmas salten de nuevo y mantengan los nervios de punta de la joven y de toda la UFAM durante un año entero, el tiempo que su agresor se mantiene en paradero desconocido.

La Valoración Policial de Riesgo vuelve a dispararse y el trabajo de Antonio se intensifica tanto que necesita el apoyo de sus compañeros. El agente, que no es partidario de utilizar la palabra víctima, asegura que la protección no consiste en ponerle a una mujer un guardaespaldas. «Se trata de no molestarla, de que haga una vida lo más normal posible, no de que pase por un tercer proceso de victimización», explica el agente. Su disponibilidad con la protegida es de 24 horas al día a través de un teléfono móvil oficial. Sobre todo durante ese año, periodo en el que Antonio sumó muchas vigilancias sin que ella se diera cuenta de que su ángel personal le hacía seguimientos por el barrio, cuando llevaba o recogía a la niña del colegio e incluso en el supermercado. «¡Nunca lo he visto!», reconoce Libertad a carcajadas.

Por fin el agresor es localizado y no consta que acechara a la joven. Por fin el juicio se celebra en 2013 y es condenado a 7 años de prisión y 14 de alejamiento. La resolución rebaja enormemente la presión sobre la joven, el agente y el grupo. La VPR desciende y se balancea entre los niveles no apreciado y bajo. Afortunadamente, el entorno de él no está dando los problemas que sí se dan en otros casos, aunque de vez en cuando a Libertad le llega algún recado a través de los dos únicos familiares que conocen su destino. El caso, sin embargo, sigue activo y Antonio ya piensa en el después, ya que el agresor saldrá de la cárcel tarde o temprano. Cuando ese día llegue él tiene claro que la orden de alejamiento podría ser insuficiente y que se plantearán solicitar a la autoridad judicial la posibilidad de que el condenado sea controlado con medios telemáticos.

Ahora también es tiempo para disfrutar. Libertad tiene una nueva pareja con la que ha tenido un hijo: «Quiero a una persona que lo comparte todo conmigo, es mi amigo». Y sueña con un contrato fijo que podría conseguir en la empresa en la que trabaja temporalmente. Tiene más tiempo que nunca para ella y para los demás: «Cuando todo se normaliza decido ayudar a otras mujeres. La educación es fundamental para luchar contra la violencia de género. Doy charlas en colegios, en los pueblos, y acompaño a otras víctimas cuando denuncian o en los procesos judiciales. La denuncia es de las pocas cosas que te hacen salir adelante. A veces es muy duro regresar al pasado, pero de alguna forma tengo que devolver todo lo que esta gente me está dando».